¿Qué hacer para liberarse de la trampa de las deudas públicas?

 Entrevista a Francois Chenais

¿Cómo definir la situación de las clases populares en Europa en relación a la cuestión de la deuda?

En mi libro (Les dettes illégitimes. Editions Raisons d´Agir, mayo 2011) hablo del “doble castigo” que las burguesías y los gobiernos están infringiéndoles. A fines de 2008 y durante todo el año 2009, los asalariados y asalariadas han sufrido de lleno el látigo de los efectos de la crisis mundial bajo la forma de cierres de fábricas, despidos, reducción de horarios y congelación salarial. Luego, a partir de la primera fase de la crisis de la deuda griega en mayo de 2010 y la entrada en escena de las agencias de notación como portavoces de las exigencias de los bancos y de los inversores financieros, los gobiernos europeos han emprendido un ataque a las clases populares a todos los niveles en nombre de la “obligación de pagar la deuda”.

Lo que el gobierno Papandreu ha aceptado imponer a los ciudadanos griegos en el marco del nuevo “plan de salvamento” puesto a punto por la troika –UE, BCE y FMI- produce escalofríos. Subida de dos puntos del IVA, del 19% al 21%, aumento de los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y los carburantes (0,008 euros sobre la gasolina y 0,03 euros sobre el gasoil). Creación de un “derecho de acceso” a la red eléctrica. Reducciones de salarios y de jubilaciones en la función pública por 1,7 millardos de euros, es decir el 0,7 % del PIB. Congelación de todas las jubilaciones públicas y privadas. Amputación del programa de inversión pública. Medidas para facilitar los despidos. Ola de privatizaciones de una amplitud sin precedentes: los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, el agua, las telecomunicaciones y el Banco Postal, etc. En Portugal, las medidas aceptadas por los dos partidos “mayoritarios” son de la misma naturaleza. En Irlanda, en el contexto de un sistema económico y social a la anglosajona, donde la protección social era ya débil, los estragos del plan de austeridad como consecuencia de la estatización de la deuda de los bancos son particularmente fuertes en la salud pública y la enseñanza.

En mi libro, recuerdo que la decisión del gobierno Sarkozy de acelerar de repente la “reforma” de las jubilaciones y de imponerla a cualquier precio es la consecuencia de una exigencia de las agencias de notación, a fines de mayo de 2010. Los planes de austeridad están ya en marcha en todas partes. No tienen aún el grado de intensidad que la UE, el BCE y el FMI están administrando a Grecia, pero también a Portugal e Irlanda. Los asalariados y asalariadas y los jóvenes de la mayor parte de los países europeos deben esperarse políticas que apuntan a imponerles la misma amarga poción. Buen número de los indignados que han ocupado las ciudades de España lo han comprendido.

Se leen llamamientos a que el pago de la deuda sea puesto en el centro del debate de la campaña presidencial de 2012. ¿Qué piensas sobre este tema?

Es inevitable que ocurra. Lo que está en juego es saber quién toma la iniciativa y define sus términos. En Le Monde del 28 de junio, Stéphane Boujnah (que es delegado general del grupo financiero Santander en Francia –tras haber sido una “vedette” del Deusche Bank- y no solo presidente del think tank: “En tiempo real”), escribe por supuesto que la deuda francesa debe ser pagada. Desea la creación de un “Consejo nacional para la recuperación de las cuentas públicas”, que se estaría inspirado, dice, “en el legendario Consejo Nacional de la Resistencia”. Esto equivale a decir que la deuda pública francesa es legítima y que una especie de unión sagrada debe permitir que sea “liquidada”.
El movimiento social francés debe oponerse con todas sus fuerzas a este discurso que es absolutamente dominante en los medios y por el momento en la mayor parte de los discursos políticos. Si la deuda de Grecia tiene rasgos de deuda odiosa, todas las deudas públicas europeas son ilegítimas, entre ellas la de Francia. Por las condiciones políticas en las que los países han caído bajo el dominio de los “mercados, y por la naturaleza de los “préstamos” sobre los que se deben pagar intereses a los bancos y asegurar su devolución.
El mandato moral de pagar la deuda hecho a los ciudadanos se basa en dos ideas. En primer lugar, que éstos formarían parte consciente y consintiente de la acumulación de la deuda. En mi libro, reúno un conjunto de elementos puestos a la luz por sindicatos como el SNUI (Sindicato de las finanzas públicas) y de Sud Trésor o periodistas meticulosos como los de Médiapart, que muestran hasta qué punto esto no ha sido así. El escudo fiscal es solo la punta visible de un iceberg de bajada de los impuestos del capital y de las altas rentas y de evasión fiscal. La segunda “falsa evidencia”, por utilizar la expresión de los Economistas Aterrados, es que serían sumas, fruto de un ahorro amasado por una dura labor, que habrían sido prestadas. No es sino muy marginalmente así. Cuando los bancos y los fondos de inversión “prestan a los estados”, activan mediante “el efecto de palanca” un mecanismo de apropiación de una parte de los impuestos pagados por quienes no pueden escapar a él (el IVA en particular). Estos “préstamos” se basan en un tejido complicado de transacciones interbancarias en buena parte ocultas (el “shadow banking system” o “sistema financiero de la sombra”), cuyas bases son tan frágiles que toda falta de pago, incluso de un muy pequeño país (Grecia representa el 2% del PIB de la zona euro) es una amenaza para los bancos.
Defiendo, igual que lo hace Attac, la necesidad de proceder a una auditoría pública de la deuda. En Grecia, un comité por la moratoria y la auditoría de la deuda ha sido creado en enero de 2011. Sus militantes han llevado a cabo ya un trabajo suficientemente fuerte como para que un sector de los militantes de la plaza Syntagma lo haya adoptado y que se haya podido oír en un video de Dailymotion, a una joven portavoz del sindicato de los empleados estatales, gritar al fin de la entrevista las consignas de la pegatina que llevaba: “¡No debemos nada! ¡No se venderá nada! ¡No se pagará nada!”.
En España, la actividad de los bancos está en el punto de mira de los indignados. Subrayo quizá más fuertemente de lo que lo hace por el momento Attac, que dadas las tradiciones políticas francesas, la auditoría puede verdaderamente tomar cuerpo solo bajo la forma de una amplia campaña popular iniciada por las asociaciones y partidos, de la que la campaña de los comités por el No al Tratado Constitucional Europeo (TCE) de 2005 proporciona un perfecto ejemplo. El caso griego muestra el inmenso alcance democrático de una campaña por la moratoria y la auditoría popular de la deuda. En Francia, quienes han estudiado las centenares de páginas del TCE serán perfectamente capaces de analizar los documentos públicos, particularmente los informes parlamentarios, en los que son detallados una amplia parte de los “regalos al capital”. Tratándose de los detentadores de los títulos de deuda, la cuestión de la salvaguarda del pequeño ahorro en caso de anulación es a menudo planteada. Cuando se hacen las declaraciones del impuesto, los bancos calculan al céntimo los montantes aferentes a diferentes formas de ahorro de los hogares. Les sería garantizado, pues no representa sino una minúscula parte de los “créditos” sobre el estado reclamados por los bancos y los inversores financieros.

¿Así pues, no estamos ante una crisis griega, sino ante una crisis propiamente europea?

Exacto. Se trata de una crisis europea, porque bancos europeos, alemanes y franceses en particular están amenazados más o menos seriamente por una suspensión de pagos del estado debido a su gestión arriesgada y oculta. Mucha gente ha dicho que la crisis de los bancos estaba acompañada por una crisis de la “gobernanza europea”. Estamos más bien ante un ensayo de puesta en marcha de lo que Naomi Klein llama “la estrategia del shock”.
Las rivalidades entre las élites europeas, la independencia del BCE, la pesadez de las instituciones de la UE hacen su montaje complicado. Pero si se toman las propuestas ya antiguas del luxemburgués Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, los discursos de Ángela Merkel y de Nicolas Sarkozy y el “Pacto por el euro” que endurece drásticamente el “Pacto de estabilidad” y, en fin, el reciente discurso de Jean-Claude Trichet defendiendo una “gobernanza” aún más centralizada y autoritaria de la zona euro, estamos claramente frente a una tentativa de utilizar la “crisis de la deuda” para someter de nuevo a las clases populares al “talón de hierro” del capital.
Esta “estrategia del shock” tiene por contexto, en el plano mundial, el callejón sin salida de la acumulación financiarizada y del modelo de crecimiento por endeudamiento. Los Estados Unidos han sido su clave de bóveda. Estuvieron en el epicentro del krach del Nasdaq en 2001 y de los bancos de inversión en septiembre de 2008. No conocen otro modelo e intentan por tanto perpetuarlo. Sin embargo el gobierno americano está en casi suspensión de pagos. Los países de Europa, entre ellos los de la zona Euro, han copiado los mecanismos del modelo de crecimiento por endeudamiento en combinaciones diferentes. Irlanda y España han construido una prosperidad ficticia sobre booms inmobiliarios insensatos. En todas partes las empresas han aprovechado las oportunidades de la liberalización para hacer jugar la competencia entre asalariados de países de trayectoria histórica y niveles de salario y de protección social muy diferentes. La demanda interna ha decaído y no ha sido sostenida más que por el endeudamiento de las familias. En todas partes los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, han bajado los impuestos sobre el capital y sobre las altas rentas y han compensado la bajada de la fiscalidad mediante un recurso creciente al préstamo.
La tasa de endeudamiento de Francia se acerca ahora al 90% del PIB. Pero en el otoño de 2008, antes del rescate de los bancos y de los grupos del automóvil, estaba ya al 63%. Lo mismo es cierto para otros países. Pero Francia es también la sede de tres de los grupos financieros (se les llama aún “bancos” pero el término es falso) muy implicados en el apoyo al boom inmobiliario en España y en la compra de títulos de la deuda.
Se oye a los dirigentes europeos repetir que si el pueblo griego lograra impedir el nuevo plan de austeridad, ello podría desencadenar quiebras bancarias en cascada.
La realpolitik de la finanza quiere efectivamente que los pueblos acepten inmolarse para que la dominación del capital perdure. El primer acto de la toma de posesión de la nueva directora del FMI (Christine Lagarde) ha sido pues, de forma completamente natural, hacer un llamamiento al parlamento griego a ser “responsable” y a votar unánimemente las leyes correspondientes al nuevo “plan de rescate”.
Volvamos sobre los “bancos”. Con la ayuda de la concentración, los bancos se han transformado en grupos financieros para los que las operaciones de lejos más provechosas son las de valorización de las carteras de los ricos (la “banca privada”) y sobre todo las operaciones de especulación sobre los títulos de la deuda pública y de refinanciación de los préstamos de las sociedades inmobiliarias y de los bancos hipotecarios. Desde su salvamento en 2008, los “bancos” no han depurado todos los activos tóxicos de sus cuentas. Han continuado haciendo inversiones de alto riesgo en las dos esferas de actividad mencionadas. Han reencontrado su nivel de hacer ganancias de antes de la crisis. Sus accionistas han recibido dividendos y los dirigentes stock-opcions elevadas. Sus títulos (cerca del 20% del CAC40) han dopado el curso de las bolsas. Hay un debate incesante en los periódicos especializados para apreciar, se puede decir incluso adivinar, la situación de su balance y por tanto el grado en que una suspensión de pagos “haría temblar el sistema financiero mundial” realmente. En lo que concierne a la deuda griega, la mayor parte de los grupos financieros han tomado sus disposiciones. Se pueden interpretar así las informaciones relativas a las iniciativas tomadas por el BNP Paribas sobre Grecia. Pero un “efecto dominó” sigue siendo posible. Lo que inquieta verdaderamente a las finanzas es la situación española, cuarta economía de la zona euro, donde el marasmo económico es profundo en un momento en que la juventud y sectores sociales se movilizan.

En tu libro, privilegias la cuestión de la anulación de la deuda y la puesta de los bancos bajo control social, ahí donde otros se focalizan en la salida del euro.

Hay diferentes formas de posicionarse en relación a la crisis del euro. Se puede ver el euro como una cortapisa (algunos lo han pensado desde el comienzo) y por tanto la crisis actual como la ocasión de volver a una moneda nacional, cuyo gobierno podría relanzar el crecimiento por la devaluación de la tasa de cambio. Quienes tienen esta posición hablan poco o nada en absoluto de la deuda. Piensan quizá que el aumento de los ingresos fiscales ayudaría a resolverla en buena parte. Olvidan la experiencia de la devaluación competitiva de finales de los años 1980, con una deuda bastante menos elevada y una base industrial bastante más sólida.
Se puede ver la crisis del euro como algo inscrito en los hechos en razón de la probabilidad, incluso la ineluctabilidad, de una suspensión de pagos de Grecia. La deuda griega era del 133% del PIB en 2010. Va a acercarse al 160% en 2011 y rozar, según algunas proyecciones, el 180% de aquí a dos años. Las medidas brutales no hacen sino retardar el momento en que habrá que dar “un salto a lo desconocido”, es decir, reestructurar la deuda, alargar los plazos, borrar una parte. Es completamente posible que el efecto dominó sea entonces tan fuerte que la zona euro estalle. Ciertos bancos no lo resistirían, de forma que la cuestión de su puesta bajo control social se plantearía.
No se les podría sin embargo evitar la quiebra una vez más de forma gratuita. Los trabajadores se encontrarían más que nunca confrontados a la pregunta: ¿hay que desangrarse para que el estado asegure un servicio de la deuda pública aplastante –¡en Francia, a la altura de 50 millardos de euros, absorbe la totalidad de lo que es recaudado a título del impuesto sobre la renta!- de forma que se les permitiera a los bancos continuar pagando dividendos y remuneraciones alucinantes a sus dirigentes?
Lo que yo defiendo es que el movimiento social, ayudado si es posible por algunos partidos, se prepare para no ser tomado por sorpresa en una nueva crisis bancaria y para poder responder a ella con la ayuda de la consigna de “tomar los bancos”. Esta consigna tiene un “carácter algebraico”. El grado de radicalidad de su puesta en marcha depende del estado de la correlación de fuerzas políticas, es decir, en buena parte, de la importancia de la preparación política ciudadana anterior. Es posible que la resistencia de las clases populares y de la juventud, como en España, sea un factor desencadenador de las quiebras bancarias. Pero es el propio sistema bancario el que se ha puesto en esa situación. La creación de una red de comités por la auditoría de la deuda permitiría al movimiento social prepararse para esa eventualidad. Estaría dispuesto a movilizarse contra todo nuevo anuncio gubernamental de la necesidad de “salvar a los bancos”. Es el primer paso evidentemente hacia consignas más radicales. Es lo que muchos militantes esperan de las asociaciones altermundialistas y de los partidos de izquierda y de extrema izquierda.
El combate político por la moratoria y la anulación, tras la auditoría popular, de la mayor parte de la deuda pública no es de los que pueden ser “delegados”. Lo que ocurre en Atenas nos concierne en Francia. Si la deuda de Grecia tiene rasgos de “deuda odiosa”, todas las deudas europeas son ilegítimas.