¿El debate de las pensiones?

Por Vicenc Navarro

Parece ser que el Parlamento español va a aprobar la medida del retraso de la edad obligatoria de jubilación a 67 años sin que haya existido un debate real en los mayores medios de comunicación del país sobre tan importante medida. Hubiera habido un debate si en tales medios se hubieran presentado argumentos a favor y en contra de tal medida dando a todas las posturas una igualdad de oportunidades para poder exponer sus puntos de vista. Esto no ha ocurrido. Si el lector analiza los cinco mayores rotativos de España verá que todos ellos han apoyado activamente el retraso de la edad de jubilación, bien a través de editoriales, bien a través del enorme sesgo en la selección de artículos en sus páginas de opinión, con la gran mayoría favorables a tal medida. Un análisis del contenido de las páginas de opinión y de las sesiones informativas de los cinco diarios de mayor difusión del país muestran que el 89% de artículos y noticias han sido favorables al retraso obligatorio de la edad de jubilación y sólo un 11% contrarias a tal retraso. Un tanto igual ocurre en los medios televisivos de mayor difusión, tanto públicos como privados. Un ejemplo representativo de ello fue el programa “59 segundos” de TVE, en el que de 6 ponentes en la mesa para discutir tal propuesta sólo uno de ellos estaba en contra de tal medida. Éstos y otros muchos indicadores muestran que los establishments políticos y mediáticos han estado promoviendo muy activamente tal medida de retraso obligatorio de la edad de jubilación a los 67 años. Es interesante señalar que ninguno de los partidos que hoy promueven tal retraso obligatorio tuviera en su programa electoral tal propuesta. Los únicos partidos que hoy se oponen a tal medida son los partidos a la izquierda del partido gobernante, partidos minoritarios en su representación parlamentaria.
Esta movilización del establishment (la gran mayoría de la clase política y los grandes medios de información y persuasión) a favor de tal medida contrasta con el gran rechazo de la gran mayoría de la población española al retraso obligatorio de la edad de jubilación a los 65 años. Por grandes mayorías (que van del 65% al 94% según la encuesta que se considere), la población española se opone a tal medida, mostrando el gran desfase que existe en España entre los gobernantes (las élites del establishment político y mediático) y los gobernados. Este desfase es un indicador de la baja calidad del sistema democrático español. La democracia española es profundamente limitada y lo que está ocurriendo en el retraso de la jubilación a 67 años es un ejemplo de ello.
A la vuelta de mi largo exilio critiqué la imagen tan extendida en España de que la transición de la dictadura a la democracia había sido modélica. En realidad, había permitido un enorme dominio de las fuerzas conservadoras en la vida política y mediática del país. Uno de los indicadores de tal hecho es la falta de diversidad ideológica en los medios con escasísima presencia de las izquierdas en tales medios. Y lo hemos visto ahora con una gran movilización propagandística encaminada a imponer a la población una medida que, con razón, es profundamente impopular.
Y esta movilización y escasa diversidad permitió que en este mal llamado “debate sobre las pensiones” se presentaran como datos objetivos, meras posturas ideológicas. El caso más claro era el manifiesto de los 100 economistas patrocinado por FEDEA (la fundación de estudios económicos financiada por el BBVA, el Santander, Repsol y otros grupos de poder financiero y empresarial), que tuvo una enorme resonancia mediática. Los supuestos sobre los que se basaban sus propuestas, incluyendo la de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación, no tenían credibilidad científica y era fácilmente demostrable que no las tenían. Los argumentos que se utilizaron constantemente de que la población de pensionistas se doblaría en cuarenta años, requiriendo un gasto en pensiones que alcanzaría el 15% del PIB (presentando este porcentaje como inviable en nuestra economía), ignoraban la evidencia científica presentada por expertos críticos de tales medidas que mostraban que la sociedad española dentro de cuarenta años tendría un PIB más del doble del actual (como ha ocurrido en los cuarenta años pasados) y que un número menor de trabajadores podrían sostener (bien a través de cotizaciones, bien a través de impuestos) el aumento del número de pensionistas, como resultado del crecimiento de la productividad y de los salarios. En realidad, el número de pensionistas se había más que doblado en los últimos cuarenta años en España sin que el sistema de pensiones se hubiera colapsado (tal como habían predicho los “expertos” promocionados por tales medios) y ello debido a que la riqueza del país también había aumentado.
Si hubiera habido un debate, tales datos se hubieran tenido que rebatir y mostrar su supuesto error. No se respondieron: se ignoraron. Y los medios continuaron hablando de la transición demográfica como la causa de que tuviese que hacerse tal reforma. El último ejemplo es el escrito del predecible Javier Pradera en su columna en EL PAÍS (“El Regreso a la Concertación”, 2/2/11) que termina repitiendo machaconamente que la transición demográfica hace inviable el sistema de pensiones públicas (a no ser que se retrase la edad obligatoria de la jubilación a los 67 años), reproduciendo así la sabiduría convencional de la cual él es el guardián. Esta postura claramente ideológica ignora toda la evidencia científica que existe y que cuestiona cada uno de sus supuestos. Y lo que es más que preocupante es que esta evidencia científica apenas se ha expuesto o debatido en los mayores medios de persuasión del país.