La UE hace lo posible por alcanzar un acuerdo sobre inversiones alternativas
Afirmar que la UE está apurando hasta el último momento para encontrar una solución a sus planes de regular los hedge fund y las firmas de capital riesgo sería quedarse corto.
Después de que las numerosas gestiones no dieran los frutos esperados de alcanzar un compromiso conjunto, la ministra de Economía Elena Salgado ha propuesto a sus homólogos de la UE ampliar varias semanas la ronda de negociaciones. Hace casi un año que la Comisión Europea dio a conocer por primera vez sus propuestas para regular el sector de las “inversiones alternativas”, iniciativa que ha sido objeto de numerosas críticas.
Desde entonces, se han intensificado las campañas de los activistas del sector y se ha conseguido avanzar en muchos de los aspectos más polémicos, desde cómo definir los límites de los créditos a la normativa referente a la remuneración. El aspecto que más confrontación genera entre los ministros es el denominado elemento de “tercer país”, que definiría los términos y condiciones según los cuales los fondos no pertenecientes a la UE estarían obligados a cumplir con las nuevas normas si desean operar dentro del territorio.
La idea es que esta iniciativa se pueda poner en práctica, dado que estas empresas ya están “protegidas” por la normativa de sus países de origen, equivalente a la de la UE.
Lo que más preocupa en Reino Unido es cómo se define esa equivalencia; también hay divergencias entre Reino Unido y otros estados miembros sobre el grado de potestad que se otorgaría a la Comisión Europea para imponer condiciones. Este aspecto enlaza con la cuestión de si se debería otorgar el llamado “pasaporte” de la UE a las gestoras de fondos autorizadas. Esta idea se introdujo en la propuesta original de la Comisión y tuvo una buena acogida en el sector, pero desde España acabó rechazándose.
Críticas
Para Reino Unido, que alberga el 80% del sector europeo de hedge fund, estos aspectos son sumamente importantes. La comunidad de gestoras de fondos ha criticado duramente la solución “desprovista de pasaporte” asegurando que es proteccionista, y que podría provocar represalias por parte de otras jurisdicciones. Londres también ha insistido ante las autoridades que, sin el pasaporte, la nueva normativa aportaría sólo inconvenientes, ya que durante la próxima década los costes reguladores se dispararían.
No obstante, Francia y otros estados miembros aseguran que se supone que el mercado único está diseñado para beneficiar en primer lugar a los miembros del bloque. “El pasaporte es una idea inconcebible para algunos países”, opinaba un alto cargo público.
Aunque no esté completamente aislado, a Reino Unido, casi con toda seguridad, le faltarán los votos necesarios para bloquear la solución adoptada por España. No obstante, Madrid ha optado por no intentar imponer su solución, consciente de la importancia de Londres en el sector de los servicios financieros y con la vista puesta en las próximas elecciones generales que se celebran en Gran Bretaña. “Necesitamos el mayor grado de consenso posible ... Creemos que podemos conseguir más ... Todavía quedan algunas semanas”, declaró Salgado.
No obstante, la ministra también dejó claro que España sigue considerando “prioritaria” la firma de un acuerdo durante su presidencia, lo que hace pensar es que el asunto volverá a plantearse durante las próximas reuniones de los ministros de Economía, en mayo o junio. Lo que está menos claro es si para entonces habrá cambios de opinión.
Al menos, las elecciones británicas se habrán celebrado ya, por lo que habrá menos obstáculos a que se aumente la presión para aprobar la normativa. Otra posibilidad sería relegar el asunto a la presidencia belga. una alternativa que los observadores creen cada vez más probable.
El aplazamiento hace que la atención se centre ahora en el Parlamento Europeo, que deberá aprobar la nueva normativa antes de que la ley entre en vigor. Allí, un comité parlamentario analiza más de 1.600 enmiendas propuestas, por lo que resulta prácticamente imposible saber cómo será el texto definitivo.
Jean-Paul Gauzes, el influyente eurodiputado francés que dirige el proceso, ha indicado que es partidario de una solución intermedia al pasaporte, aunque también cree que para ponerse en práctica debería haber un periodo de transición. Puede que la única certeza de esta batalla sobre la polémica legislación sea que se prolongará durante meses.
Nikki Tait
FUENTE : FINANCIAL TIMES
Después de que las numerosas gestiones no dieran los frutos esperados de alcanzar un compromiso conjunto, la ministra de Economía Elena Salgado ha propuesto a sus homólogos de la UE ampliar varias semanas la ronda de negociaciones. Hace casi un año que la Comisión Europea dio a conocer por primera vez sus propuestas para regular el sector de las “inversiones alternativas”, iniciativa que ha sido objeto de numerosas críticas.
Desde entonces, se han intensificado las campañas de los activistas del sector y se ha conseguido avanzar en muchos de los aspectos más polémicos, desde cómo definir los límites de los créditos a la normativa referente a la remuneración. El aspecto que más confrontación genera entre los ministros es el denominado elemento de “tercer país”, que definiría los términos y condiciones según los cuales los fondos no pertenecientes a la UE estarían obligados a cumplir con las nuevas normas si desean operar dentro del territorio.
La idea es que esta iniciativa se pueda poner en práctica, dado que estas empresas ya están “protegidas” por la normativa de sus países de origen, equivalente a la de la UE.
Lo que más preocupa en Reino Unido es cómo se define esa equivalencia; también hay divergencias entre Reino Unido y otros estados miembros sobre el grado de potestad que se otorgaría a la Comisión Europea para imponer condiciones. Este aspecto enlaza con la cuestión de si se debería otorgar el llamado “pasaporte” de la UE a las gestoras de fondos autorizadas. Esta idea se introdujo en la propuesta original de la Comisión y tuvo una buena acogida en el sector, pero desde España acabó rechazándose.
Críticas
Para Reino Unido, que alberga el 80% del sector europeo de hedge fund, estos aspectos son sumamente importantes. La comunidad de gestoras de fondos ha criticado duramente la solución “desprovista de pasaporte” asegurando que es proteccionista, y que podría provocar represalias por parte de otras jurisdicciones. Londres también ha insistido ante las autoridades que, sin el pasaporte, la nueva normativa aportaría sólo inconvenientes, ya que durante la próxima década los costes reguladores se dispararían.
No obstante, Francia y otros estados miembros aseguran que se supone que el mercado único está diseñado para beneficiar en primer lugar a los miembros del bloque. “El pasaporte es una idea inconcebible para algunos países”, opinaba un alto cargo público.
Aunque no esté completamente aislado, a Reino Unido, casi con toda seguridad, le faltarán los votos necesarios para bloquear la solución adoptada por España. No obstante, Madrid ha optado por no intentar imponer su solución, consciente de la importancia de Londres en el sector de los servicios financieros y con la vista puesta en las próximas elecciones generales que se celebran en Gran Bretaña. “Necesitamos el mayor grado de consenso posible ... Creemos que podemos conseguir más ... Todavía quedan algunas semanas”, declaró Salgado.
No obstante, la ministra también dejó claro que España sigue considerando “prioritaria” la firma de un acuerdo durante su presidencia, lo que hace pensar es que el asunto volverá a plantearse durante las próximas reuniones de los ministros de Economía, en mayo o junio. Lo que está menos claro es si para entonces habrá cambios de opinión.
Al menos, las elecciones británicas se habrán celebrado ya, por lo que habrá menos obstáculos a que se aumente la presión para aprobar la normativa. Otra posibilidad sería relegar el asunto a la presidencia belga. una alternativa que los observadores creen cada vez más probable.
El aplazamiento hace que la atención se centre ahora en el Parlamento Europeo, que deberá aprobar la nueva normativa antes de que la ley entre en vigor. Allí, un comité parlamentario analiza más de 1.600 enmiendas propuestas, por lo que resulta prácticamente imposible saber cómo será el texto definitivo.
Jean-Paul Gauzes, el influyente eurodiputado francés que dirige el proceso, ha indicado que es partidario de una solución intermedia al pasaporte, aunque también cree que para ponerse en práctica debería haber un periodo de transición. Puede que la única certeza de esta batalla sobre la polémica legislación sea que se prolongará durante meses.
Nikki Tait
FUENTE : FINANCIAL TIMES
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