El retorno de Robin Hood
Se llama oficialmente Impuesto a las Transacciones Financieras, lo que da la sigla árida de ITF y, en inglés, FTT (Financial Transactions Tax). Con un nombre tan poco atractivo, la campaña para que los bancos paguen por la crisis mundial que causaron no podía ir muy lejos. La prensa y no pocos militantes lo lanzaron como “Tasa Tobin”.
El economista James Tobin, asesor del presidente John Kennedy y premio Nobel en 1981, fue el primero en proponer un pequeño impuesto para desalentar la especulación financiera actuando como “grano de arena en los engranajes”. Pero antes de morir, en 2002, Tobin se distanció de su sugerencia, calificándola como teórica y no implementable en la práctica.
Ahora que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que esta tasa sí es viable –aunque por ahora se abstiene de recomendarla–, el revigorizado movimiento para regular las finanzas mundiales y aliviar la carga de los más pobres ha rebautizado la idea y ésta vuelve a la carga como “impuesto Robin Hood”.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ya ha pedido al Congreso que estudie formas de regular y hacer pagar a la banca el costo de la crisis. En Europa, con las economías acosadas por la deuda externa y el desempleo, el primer ministro británico Gordon Brown, la cancillera alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy se comprometieron públicamente a promover un impuesto a las transacciones financieras en la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) que se reunirá en Toronto en junio.
Un informe favorable al “impuesto Robin Hood” va a ser publicado en mayo por un comité de expertos de alto nivel en el que participan Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, España, Francia, Japón, Noruega, el Reino Unido y Senegal. A diferencia de las recomendaciones del FMI al G-20, este comité explícitamente toma en cuenta el punto de vista de los países en desarrollo.
El FMI ha propuesto que los bancos paguen una Contribución a la Estabilidad Financiera y un Impuesto a las Actividades Financieras, basados ambos en las ganancias de los bancos sobre las actividades pasadas, que bien pueden incluir las derivadas de la especulación. El Impuesto Robin Hood, en cambio, gravaría cada transacción al momento de producirse. Así, con una tasa mínima –mucho menor a uno por ciento– no sólo se generarían recursos mucho mayores que con las propuestas del FMI, sino que además se desalentaría la especulación.
Durante los debates sobre la crisis financiera auspiciados por las Naciones Unidas a fines de abril, Bhumika Muchhala, representante de Third World Network, argumentó que en cualquiera de los dos casos, un porcentaje sustancial de los ingresos producidos por estos impuestos “deben contribuir a un fondo global destinado a compensar el daño causado a los países en desarrollo por la inestabilidad financiera generada por la especulación de bancos y firmas predominantemente basados en los países ricos”.
Sin haber tenido responsabilidad alguna en la crisis, los países en desarrollo son víctimas inocentes y sufren problemas en sus balanzas de pagos, ingresos y reservas que caen, problemas de liquidez y ven, además, como se han contagiado sus propios bancos. Por ello, argumenta Third World Network, “tienen derecho a acceder a los fondos que generen estos impuestos a la banca internacional, para emplearlos en la resolución de sus problemas de liquidez, la prevención de nuevas crisis de deuda, la reestructuración de su deuda externa, el financiamiento de la adaptación al cambio climático y el gasto en infraestructura, educación y salud que compense por el aumento de la pobreza y el desempleo resultantes de la crisis actual”.
La campaña por el Impuesto Robin Hood sostiene que la mitad de lo recaudado debe ir a los países en desarrollo y estima que esta cifra sería del orden de los 100.000 millones de dólares anuales, prácticamente igual a toda la ayuda oficial al desarrollo de los países ricos.
Tal hipótesis es, por supuesto, bienvenida por los potenciales beneficiarios. Pero a medida que Robin Hood deja de ser leyenda y parece cercano a revivir, surgen muchas dudas e interrogantes: ¿Qué impacto tendrá sobre las inversiones y sobre los bancos en los países en desarrollo? ¿Cómo será el impacto en las grandes economías emergentes como China e India, y qué pasará con los países pequeños, en particular aquellos que como las islas del Caribe derivan ingresos de su condición de paraísos fiscales? ¿Se puede exceptuar del impuesto a las remesas que hacen los trabajadores migrantes a sus familias?
Durante los debates en las Naciones Unidas, Pakistán reclamó un mecanismo democrático para canalizar estos fondos. Muchos miembros del llamado Grupo de los 77 –que agrupa a un centenar de países en desarrollo– reclamaron que los fondos no se transfirieran bilateralmente del país recaudador al receptor, ya que esto permitiría presiones políticas.
Brasil, por su parte, reclamó precisión en la definición de cuáles serían los “bienes públicos globales” a financiar por el Impuesto Robin Hood y cómo se definen tales bienes.
Brasil atestiguó que este tipo de tasas son técnicamente viables, ya que han sido implantadas a nivel nacional. A partir de su propia experiencia de intervención estatal en los mercados financieros nacionales, no espera distorsiones significativas o daños para el funcionamiento de las finanzas internacionales. Más aún, argumentan los diplomáticos brasileños, no es cierto que se necesite una mayor armonización para poner en operación un impuesto a las transacciones financieras ni tampoco que todos los países del mundo deban hacerlo al mismo tiempo. Sin embargo, sí reconocen la existencia de “sensibilidades políticas” complejas que podrían demorar la implementación.
Chile comprometió su apoyo al comité de expertos sobre el tema y reclamó mayor apoyo político de otros gobiernos a sus recomendaciones, subrayando que se trata de “no sólo de frenar la especulación, sino también de generar recursos en gran escala”.
El mayor escollo en este momento parece ser Canadá, sede de las próximas cumbres del G-20 y del G-8 en junio. Como ese país no sufrió quiebras bancarias y el gobierno no tuvo que gastar dinero de los contribuyentes en salvatajes, el primer ministro conservador Stephen Harper se opone tajantemente a la idea de un nuevo impuesto.
Si Robin Hood retorna, su vuelta no será sin oposición, aunque a ningún político le guste ser caracterizado como el cruel sheriff de Nottingham, que cobraba impuestos a los pobres para financiar los desatinos de la corona.
El economista James Tobin, asesor del presidente John Kennedy y premio Nobel en 1981, fue el primero en proponer un pequeño impuesto para desalentar la especulación financiera actuando como “grano de arena en los engranajes”. Pero antes de morir, en 2002, Tobin se distanció de su sugerencia, calificándola como teórica y no implementable en la práctica.
Ahora que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que esta tasa sí es viable –aunque por ahora se abstiene de recomendarla–, el revigorizado movimiento para regular las finanzas mundiales y aliviar la carga de los más pobres ha rebautizado la idea y ésta vuelve a la carga como “impuesto Robin Hood”.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ya ha pedido al Congreso que estudie formas de regular y hacer pagar a la banca el costo de la crisis. En Europa, con las economías acosadas por la deuda externa y el desempleo, el primer ministro británico Gordon Brown, la cancillera alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy se comprometieron públicamente a promover un impuesto a las transacciones financieras en la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) que se reunirá en Toronto en junio.
Un informe favorable al “impuesto Robin Hood” va a ser publicado en mayo por un comité de expertos de alto nivel en el que participan Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, España, Francia, Japón, Noruega, el Reino Unido y Senegal. A diferencia de las recomendaciones del FMI al G-20, este comité explícitamente toma en cuenta el punto de vista de los países en desarrollo.
El FMI ha propuesto que los bancos paguen una Contribución a la Estabilidad Financiera y un Impuesto a las Actividades Financieras, basados ambos en las ganancias de los bancos sobre las actividades pasadas, que bien pueden incluir las derivadas de la especulación. El Impuesto Robin Hood, en cambio, gravaría cada transacción al momento de producirse. Así, con una tasa mínima –mucho menor a uno por ciento– no sólo se generarían recursos mucho mayores que con las propuestas del FMI, sino que además se desalentaría la especulación.
Durante los debates sobre la crisis financiera auspiciados por las Naciones Unidas a fines de abril, Bhumika Muchhala, representante de Third World Network, argumentó que en cualquiera de los dos casos, un porcentaje sustancial de los ingresos producidos por estos impuestos “deben contribuir a un fondo global destinado a compensar el daño causado a los países en desarrollo por la inestabilidad financiera generada por la especulación de bancos y firmas predominantemente basados en los países ricos”.
Sin haber tenido responsabilidad alguna en la crisis, los países en desarrollo son víctimas inocentes y sufren problemas en sus balanzas de pagos, ingresos y reservas que caen, problemas de liquidez y ven, además, como se han contagiado sus propios bancos. Por ello, argumenta Third World Network, “tienen derecho a acceder a los fondos que generen estos impuestos a la banca internacional, para emplearlos en la resolución de sus problemas de liquidez, la prevención de nuevas crisis de deuda, la reestructuración de su deuda externa, el financiamiento de la adaptación al cambio climático y el gasto en infraestructura, educación y salud que compense por el aumento de la pobreza y el desempleo resultantes de la crisis actual”.
La campaña por el Impuesto Robin Hood sostiene que la mitad de lo recaudado debe ir a los países en desarrollo y estima que esta cifra sería del orden de los 100.000 millones de dólares anuales, prácticamente igual a toda la ayuda oficial al desarrollo de los países ricos.
Tal hipótesis es, por supuesto, bienvenida por los potenciales beneficiarios. Pero a medida que Robin Hood deja de ser leyenda y parece cercano a revivir, surgen muchas dudas e interrogantes: ¿Qué impacto tendrá sobre las inversiones y sobre los bancos en los países en desarrollo? ¿Cómo será el impacto en las grandes economías emergentes como China e India, y qué pasará con los países pequeños, en particular aquellos que como las islas del Caribe derivan ingresos de su condición de paraísos fiscales? ¿Se puede exceptuar del impuesto a las remesas que hacen los trabajadores migrantes a sus familias?
Durante los debates en las Naciones Unidas, Pakistán reclamó un mecanismo democrático para canalizar estos fondos. Muchos miembros del llamado Grupo de los 77 –que agrupa a un centenar de países en desarrollo– reclamaron que los fondos no se transfirieran bilateralmente del país recaudador al receptor, ya que esto permitiría presiones políticas.
Brasil, por su parte, reclamó precisión en la definición de cuáles serían los “bienes públicos globales” a financiar por el Impuesto Robin Hood y cómo se definen tales bienes.
Brasil atestiguó que este tipo de tasas son técnicamente viables, ya que han sido implantadas a nivel nacional. A partir de su propia experiencia de intervención estatal en los mercados financieros nacionales, no espera distorsiones significativas o daños para el funcionamiento de las finanzas internacionales. Más aún, argumentan los diplomáticos brasileños, no es cierto que se necesite una mayor armonización para poner en operación un impuesto a las transacciones financieras ni tampoco que todos los países del mundo deban hacerlo al mismo tiempo. Sin embargo, sí reconocen la existencia de “sensibilidades políticas” complejas que podrían demorar la implementación.
Chile comprometió su apoyo al comité de expertos sobre el tema y reclamó mayor apoyo político de otros gobiernos a sus recomendaciones, subrayando que se trata de “no sólo de frenar la especulación, sino también de generar recursos en gran escala”.
El mayor escollo en este momento parece ser Canadá, sede de las próximas cumbres del G-20 y del G-8 en junio. Como ese país no sufrió quiebras bancarias y el gobierno no tuvo que gastar dinero de los contribuyentes en salvatajes, el primer ministro conservador Stephen Harper se opone tajantemente a la idea de un nuevo impuesto.
Si Robin Hood retorna, su vuelta no será sin oposición, aunque a ningún político le guste ser caracterizado como el cruel sheriff de Nottingham, que cobraba impuestos a los pobres para financiar los desatinos de la corona.
AUTOR : ROBERTO BISSIO
FUENTE : RED DEL TERCER MUNDO
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