Menos democracia, más recortes sociales, más pobreza generalizada
Por Idoia Intxaurbe y Mikel Noval
La reunión del
eurogrupo, celebrada la tarde noche del 9 al 10 de julio, confirma lo
que ELA denunció un mes antes, cuando el eurogrupo se reunió el 9 de
junio. No se trata de un rescate, sino de un empujón al precipicio. Lo
acordado en ambas reuniones (y que ahora se dice que se tendrá que
concretarse más el próximo día 20) es muy grave, tanto por la forma como
por el fondo. Nos encontramos ante un procedimiento
antidemocrático. La democracia se basa en la información, en la
transparencia, en la información veraz y en el debate social y político.
Y en la Unión Europea ocurre justo lo contrario. Los gobiernos de la UE
están de acuerdo en seguir aplicando las políticas de recortes, y han
establecido un mecanismo basado en la mentira. En lugar de información
hay mucha desinformación (a día de hoy todavía no se sabe el contenido
de los compromisos que el gobierno español ha asumido para recibir el
crédito de 100.000 millones). Se nos ha repetido hasta la saciedad que
el crédito es a los bancos, lo cual es totalmente falso: el crédito es
al gobierno, que lo tendrá que devolver con intereses, cuya cuantía
tampoco se ha hecho pública. La opacidad sustituye a la transparencia. Y
el debate social y político es secuestrado por una élite (los ministros
de finanzas o los presidentes de gobierno) que entre cena y cena, con
nocturnidad y alevosía, toman las decisiones que dicen que impone
Bruselas. Ellos deciden cuando nos van a decir las cosas. Y como ocurrió
el año pasado con la modificación de la Constitución, el periodo
vacacional se habilita para ello. Nos recuerda tiempos pasados.
El resultante es claro: el fin (aplicar los recortes) justifica los medios (la anulación de los procedimientos democráticos). Es una estrategia que trata de adormecer a la población, hacernos creer que no hay alternativa. Estamos ante una operación orquestada. Es muy grave.
Los contenidos de lo acordado se van dando a conocer poco a poco. A falta de poder acceder a la totalidad de los mismos, sí se pueden señalar algunos aspectos:
· Se reitera que es un préstamo al gobierno, no a la banca. El préstamo lo recibirá el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es un Fondo público, del gobierno español, por lo que dicho préstamo va a computar como deuda pública.
· Se van a establecer condiciones para el sector financiero, que por una parte afectarán a todo el sistema financiero, a la vez que habrá exigencias para las entidades financieras que reciban dinero del FROB (política de bonus y dividendos, venta de activos y de oficinas, despidos, etc.).
· Se van a establecer condiciones a las políticas públicas del gobierno. En contra de lo reiterado por los distintos responsables del gobierno español, los créditos estarán condicionados a cambios de las políticas fiscales, sociales o laborales. El comunicado emitido por el eurogrupo hace una referencia explícita a las Recomendaciones del Consejo Europeo aprobadas el pasado 30 de mayo, que instan a la reducción adicional del déficit público, reducir las cotizaciones sociales y aumentar el IVA y otros impuestos indirectos, nuevos recortes de las pensiones, más reformas laborales, etc. El gobierno de Rajoy ha anunciado que muchas de estas medidas las va a aplicar de manera inmediata.
· Es un préstamo a plazos. De los 100.000 millones de euros que se van a prestar al gobierno, antes de finales de julio le darán 30.000 millones. El resto, en el futuro, dependerá de que se cumplan las condiciones que se fijen. Es decir, si el gobierno hace los deberes, se le dará más crédito, si no, no. Es un crédito condicionado a aplicar más recortes. Como en Grecia, Portugal o Irlanda.
· Es un dinero que se va a dar a la banca, sin visos de que se vaya a recuperar. Ahora a Bankia le quieren dar 23.500 millones de euros. Nadie en su sano juicio puede pensar que ese dinero se va a recuperar en el futuro. Que en julio vayan a prestar al gobierno 30.000 millones tiene que ver con el agujero de Bankia.
· Además habrá que devolver intereses, que se calculan en unos 4.000 millones de euros al año. Se habla de que el tipo de interés rondará el 4%, muy por encima del 1% al que el BCE ha prestado un billón de euros a la banca en diciembre y febrero.
· Supone una intervención del Estado español. A partir de ahora, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI van a evaluar cada 3 meses la actuación del gobierno y del sistema financiero. Van a tener poderes de supervisión y control, lo que supone una evidente pérdida de soberanía. Y todo por salvar a la banca. No merece la pena.
Podemos extraer algunas conclusiones:
· Las políticas de recortes que se están aplicando en el estado español, y que se van a intensificar en los próximos días y semanas, suponen un empobrecimiento generalizado de la población. Están agravando la recesión, aumentando el desempleo, recortando la protección social y haciendo que cada vez más gente tenga problemas para llegar a fin de mes. Aumentar el IVA, o recortar las pensiones o las prestaciones por desempleo son políticas injustas que hacen que la crisis la paguen quienes no tienen responsabilidad en la misma.
· Esta política se basa en la manipulación y en la mentira. La forma en la que se imponen a la población estas medidas antisociales, a la vez que se destinan cantidades ingentes de dinero público para la banca, deterioran la democracia debido a la ausencia de información veraz y de debate social.
· Destinar grandes cantidades de dinero a la banca es injusto e inmoral. Supone salvar a los banqueros a costa del bienestar de la mayoría de la población.
· Se está profundizando en un modelo de construcción europeo claramente antisocial, que ELA rechaza. Queremos denunciar que existe un acuerdo político de fondo para ir en esa dirección. Un ejemplo significativo de ello es la ratificación del último Tratado de la Unión Europea, realizada el pasado 21 de junio en el Congreso español, con el voto favorable de PP, PSOE, PNV o CIU. La poca relevancia concedida a un debate tan importante es también destacable.
· Lo que ocurre en el estado español es cada vez más parecido a lo sucedido en Grecia, Portugal o Irlanda. El resultado de las políticas que se aplican en todos estos lugares es nefasto. Solo favorecen a quienes se enriquecen a costa de los recortes salariales, sociales y las privatizaciones. Quienes gobiernan deberían explicar porqué trabajan a favor de una minoría poderosa.
· Existe una alternativa, que supone una salida justa a la crisis, y que consiste en la no aplicación de los recortes y un cambio radical de las políticas fiscales y sociales. Esta política supone confrontar con la actual lógica neoliberal y capitalista, y confrontar también con el poder económico y financiero.
· El rechazo social y la movilización supone la única vía para cambiar las políticas.
El resultante es claro: el fin (aplicar los recortes) justifica los medios (la anulación de los procedimientos democráticos). Es una estrategia que trata de adormecer a la población, hacernos creer que no hay alternativa. Estamos ante una operación orquestada. Es muy grave.
Los contenidos de lo acordado se van dando a conocer poco a poco. A falta de poder acceder a la totalidad de los mismos, sí se pueden señalar algunos aspectos:
· Se reitera que es un préstamo al gobierno, no a la banca. El préstamo lo recibirá el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es un Fondo público, del gobierno español, por lo que dicho préstamo va a computar como deuda pública.
· Se van a establecer condiciones para el sector financiero, que por una parte afectarán a todo el sistema financiero, a la vez que habrá exigencias para las entidades financieras que reciban dinero del FROB (política de bonus y dividendos, venta de activos y de oficinas, despidos, etc.).
· Se van a establecer condiciones a las políticas públicas del gobierno. En contra de lo reiterado por los distintos responsables del gobierno español, los créditos estarán condicionados a cambios de las políticas fiscales, sociales o laborales. El comunicado emitido por el eurogrupo hace una referencia explícita a las Recomendaciones del Consejo Europeo aprobadas el pasado 30 de mayo, que instan a la reducción adicional del déficit público, reducir las cotizaciones sociales y aumentar el IVA y otros impuestos indirectos, nuevos recortes de las pensiones, más reformas laborales, etc. El gobierno de Rajoy ha anunciado que muchas de estas medidas las va a aplicar de manera inmediata.
· Es un préstamo a plazos. De los 100.000 millones de euros que se van a prestar al gobierno, antes de finales de julio le darán 30.000 millones. El resto, en el futuro, dependerá de que se cumplan las condiciones que se fijen. Es decir, si el gobierno hace los deberes, se le dará más crédito, si no, no. Es un crédito condicionado a aplicar más recortes. Como en Grecia, Portugal o Irlanda.
· Es un dinero que se va a dar a la banca, sin visos de que se vaya a recuperar. Ahora a Bankia le quieren dar 23.500 millones de euros. Nadie en su sano juicio puede pensar que ese dinero se va a recuperar en el futuro. Que en julio vayan a prestar al gobierno 30.000 millones tiene que ver con el agujero de Bankia.
· Además habrá que devolver intereses, que se calculan en unos 4.000 millones de euros al año. Se habla de que el tipo de interés rondará el 4%, muy por encima del 1% al que el BCE ha prestado un billón de euros a la banca en diciembre y febrero.
· Supone una intervención del Estado español. A partir de ahora, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI van a evaluar cada 3 meses la actuación del gobierno y del sistema financiero. Van a tener poderes de supervisión y control, lo que supone una evidente pérdida de soberanía. Y todo por salvar a la banca. No merece la pena.
Podemos extraer algunas conclusiones:
· Las políticas de recortes que se están aplicando en el estado español, y que se van a intensificar en los próximos días y semanas, suponen un empobrecimiento generalizado de la población. Están agravando la recesión, aumentando el desempleo, recortando la protección social y haciendo que cada vez más gente tenga problemas para llegar a fin de mes. Aumentar el IVA, o recortar las pensiones o las prestaciones por desempleo son políticas injustas que hacen que la crisis la paguen quienes no tienen responsabilidad en la misma.
· Esta política se basa en la manipulación y en la mentira. La forma en la que se imponen a la población estas medidas antisociales, a la vez que se destinan cantidades ingentes de dinero público para la banca, deterioran la democracia debido a la ausencia de información veraz y de debate social.
· Destinar grandes cantidades de dinero a la banca es injusto e inmoral. Supone salvar a los banqueros a costa del bienestar de la mayoría de la población.
· Se está profundizando en un modelo de construcción europeo claramente antisocial, que ELA rechaza. Queremos denunciar que existe un acuerdo político de fondo para ir en esa dirección. Un ejemplo significativo de ello es la ratificación del último Tratado de la Unión Europea, realizada el pasado 21 de junio en el Congreso español, con el voto favorable de PP, PSOE, PNV o CIU. La poca relevancia concedida a un debate tan importante es también destacable.
· Lo que ocurre en el estado español es cada vez más parecido a lo sucedido en Grecia, Portugal o Irlanda. El resultado de las políticas que se aplican en todos estos lugares es nefasto. Solo favorecen a quienes se enriquecen a costa de los recortes salariales, sociales y las privatizaciones. Quienes gobiernan deberían explicar porqué trabajan a favor de una minoría poderosa.
· Existe una alternativa, que supone una salida justa a la crisis, y que consiste en la no aplicación de los recortes y un cambio radical de las políticas fiscales y sociales. Esta política supone confrontar con la actual lógica neoliberal y capitalista, y confrontar también con el poder económico y financiero.
· El rechazo social y la movilización supone la única vía para cambiar las políticas.
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