Otro robo interno


 Por Paul Krugman







Cuéntenme entre los que se alegraron de que el documental Inside job (Robo Interno) ganara un Oscar. El filme nos recuerda que la crisis financiera de 2008, cuyas consecuencias aún están afectando la vida de millones de norteamericanos, no sucedió porque sí --se hizo posible por el mal comportamiento por parte de banqueros, reguladores y, sí, economistas.
Sin embargo, lo que no señaló el filme es que la crisis ha provocado todo un nuevo conjunto de abusos, muchos de ellos tanto ilegales como inmorales. Y las principales figuras políticas están, al fin, mostrando alguna indignación. Desafortunadamente, esta indignación está dirigida no a los abusos bancarios, sino a los que quieren que los bancos respondan por esos abusos.
El punto álgido inmediato es un acuerdo propuesto entre el fiscal general del estado y la industria de servicios hipotecarios. Ese acuerdo es una “estafa”, dice el senador Richard Shelby de Alabama. El dinero que se requeriría que los bancos asignaran a la modificación de hipotecas sería una “extorsión”, declaró The Wall Street Journal. Y los propios banqueros advierten que cualquier acción contra ellos pondría en riesgo la recuperación económica.
Todo lo cual sirve para confirmar que los ricos son diferentes de ustedes y de mí; cuando ellos violan la ley, son los fiscales los acusados.
Para tener una idea de lo que estamos hablando, vean la denuncia presentada por el fiscal general de Nevada contra Bank of America. La fiscalía acusa al banco de hacer que familias cayeran en la trampa de su programa de modificación de préstamos –supuestamente para ayudarla mantener sus hogares— bajo falsas premisas: dándoles información falsa acerca de los requerimientos del programa (por ejemplo, diciéndoles que dejaran de pagar su hipoteca antes de recibir la modificación); dando falsas esperanzas a las familias y luego “enviando comunicación de ejecución de hipoteca, programación de fechas de subasta, e incluso vendiendo la vivienda del consumidor mientras esperaban una decisión”, y en general, explotando el programa para enriquecerse a expensas de esas familias.
El resultado final, dice la acusación, fue que “muchos consumidores de Nevada continuaron haciendo pagos de hipotecas que no se podían dar el lujo de pagar, usando sus ahorros, sus fondos de jubilación o los fondos para la educación de sus hijos. Adicionalmente, debido a las aseveraciones engañosas de Bank of America, los consumidores postergaron “ventas aplazadas” (*) y dejaron pasar otros intentos para mitigar su pérdida. Y esperaron ansiosamente, un mes tras otro, llamando a Bank of America y presentando sus papeles una y otra vez, y preguntándose si perderían su vivienda o cuando la perderían.”
Sin embargo, esto solo sucede a los perdedores que no pueden estar al día en sus pagos de hipotecas, ¿no es así? Pues no. Recientemente Dana Milbank, el columnista de The Washington Post, escribió acerca de su propia experiencia: un refinanciamiento rutinario con Citibank de alguna manera se convirtió en una pesadilla de tasas tergiversadas, cobros impropios de intereses y congelación de cuentas bancarias. Y toda la evidencia sugiere que la experiencia del señor Milbank no fue inusual.
Vean, por cierto, que no estamos hablando acerca de las prácticas de negocios de operadores irresponsables; estamos hablando de dos de nuestras tres mayores compañías financieras, con aproximadamente $2 billones en valores cada una. Sin embargo, los políticos quieren hacerles creer a ustedes que cualquier intento de obligar a que estos gigantescos bancos abusivos hagan una modesta restitución es una “estafa”. La única pregunta verdadera es si el acuerdo propuesto es demasiado suave con ellos.
¿Y qué decir del argumento de que hacer alguna demanda a los bancos pondría en peligro la recuperación? Hay mucho que decir acerca de ese argumento, pero nada bueno. Pero permítanme hacer énfasis en dos puntos.
Primero, el acuerdo propuesto solo pide modificaciones a los préstamos que producirían un mayor “valor neto presente” que la ejecución de la hipoteca –es decir por ofrecer negocios que sean del interés tanto del propietario de la vivienda como del inversionista. La indignante verdad es que en muchos casos los bancos están bloqueando tales acuerdos mutuamente beneficiosos, de manera que puedan continuar extrayendo pagos. ¿Cómo es posible que sea malo para la economía  terminar con este asalto a mano armada?
Segundo, el mayor obstáculo a la recuperación no es el estado de las finanzas de los bancos más importantes, los cuales fueron rescatados una vez y ahora están obteniendo ganancias de la percepción generalizada de que serán rescatados de nuevo si algo sale mal. En su lugar, es la amenaza de la deuda familiar, combinada con la parálisis en el mercado de viviendas. Hacer que los bancos limpien las deudas de hipotecas –en vez de engañar a las familias para extraerles unos pocos dólares más— ayudaría (y no perjudicaría) a la economía.

En los próximos días y semanas, veremos a políticos favorables a los bancos denunciar el acuerdo propuesto, asegurando que se trata de defender el imperio de la ley. Pero lo que realmente están defendiendo es exactamente lo contrario –un sistema en el cual solo la gente de abajo tiene que obedecer la ley, mientras que los ricos, y en especial los banqueros, pueden engañar y estafar sin consecuencias.
(*) Una venta aplazada es una venta de bienes raíces en la cual lo recaudado es menor que el balance que se debe por el préstamo sobre la propiedad. Sucede a menudo cuando el prestatario no puede pagar el préstamo de la hipoteca, pero el prestamista decide que vender la propiedad con una pérdida moderada es mejor que presionar al prestatario.

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