Crimen de cuello blanco
Por Carlos Bedoya
Con el cuento de que el desarrollo se alcanza atrayendo la mayor cantidad de “inversiones”, muchos países empezaron una carrera -que ya dura más de dos décadaspara dar la mayor cantidad de ventajas tributarias a los grandes jugadores del poder comercial y financiero del mundo, a fin de atraerlos a sus territorios, desatando una competencia que permite decidir a estos “inversores” irse con el que les ofrece más beneficios.
Pero luego de tantos años ya nos debería quedar claro, especialmente en América Latina, que eso no sólo no basta para acabar con el desempleo y la pobreza, sino que ha contribuido en gran medida a generar desigualdad.
Es así que nuestra región ha llegado a ser la más desigual de la Tierra, como nos recordó el año pasado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al afirmar que diez de los quince países más desiguales del mundo se encuentran en nuestra América.
Es que con la lógica de la atracción de inversiones hemos tirado al tacho la función más importante de la política fiscal, que es generar equidad a partir de la redistribución de la riqueza. Por el contrario, hemos caído en una gran paradoja. Crecen sustancialmente las exportaciones, el Producto Interno Bruto (PIB) y las inversiones, pero no el empleo y los ingresos de la mayoría.
Ya lo dijo Michael Porter, experto en competitividad de la Universidad de Harvard, cuando visitó el Perú en el 2009: “Cuando un inversionista piensa en una nueva fábrica no piensa en el Perú”. Lo que en buena cuenta quiere decir es que hay cuestiones más importantes a la hora de generar puestos de trabajo productivos y con derechos, como el acceso a tecnología, la calificación laboral, un servicio de salud de calidad, financiamiento barato para los emprendimientos locales, infraestructura adecuada, paz social, lucha contra la corrupción, antes que caer en el simplismo de las exoneraciones tributarias.
Y precisamente el Perú es uno de los países que mejor gráfica las pautas oficiales para promover inversiones, lo que le ha valido el aplauso en la escena económica neoliberal.
Por ello es tan relevante su caso para demostrar que atraer inversiones usando la política fiscal no genera un crecimiento que beneficie a la mayor parte de la población.
Lo cierto es que toda esta armadura jurídica que permite “legalmente” no pagar los impuestos que debería y está en condiciones de pagar el gran capital, nos ha convertido en una especie de gran paraíso fiscal.
Sin embargo, no conformes con estas ventajas lícitas provenientes del condicionamiento ideológico, muchos inversionistas utilizan más mecanismos como el secreto bancario y territorios poco transparentes para evadir el pago de impuestos.
Fuga ilícita Se estima que anualmente hay una fuga ilícita de 716,000 millones de dólares de los países en desarrollo, de los cuales 123,000 millones corresponden a América Latina y el Caribe, relacionada con el uso del secreto financiero y otras opacidades que permite el sistema, según da cuenta una investigación realizada el año pasado por los economistas Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada (Fuga de capitales II, Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina).
Esta fuga ilícita de capitales, que no toma en cuenta la transferencia legal de recursos por parte de las trasnacionales a sus países de origen, se deriva, según esta investigación, de: corrupción gubernamental en un cinco por ciento, actividades criminales en un treinta y uno por ciento y flujos comerciales en un sesenta y cuatro por ciento.
En palabras de Rodrigo Ávila, investigador brasileño asociado a Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos ( Latindadd), la principal fuente de fuga ilícita de capitales de los países en desarrollo se produce por ilegalidades en el intercambio comercial, o sea mediante el uso de precios manipulados (llamados precios de transferencia) y transacciones fraudulentas entre empresas de un mismo grupo económico.
Secreto de familia
Sin duda, para que esta maniobra, que moviliza miles de millones, pueda funcionar a la perfección, se requiere de algún nivel de secreto financiero u oscuridad, que en la jerga tributaria se conoce como opacidad, por lo opaca que tiene que ser la operación a fin de no dejar mayor rastro. Y para eso se requieren de jurisdicciones que permitan jugar en pared.
La Red de Justicia Fiscal hizo en el 2009 una clasificación de los territorios que tienen el mayor índice de opacidad financiera y con ello facilitan a las trasnacionales burlar la fiscalización de cualquier Estado donde generen utilidades.
La sorpresa es que según este ranking, los principales territorios responsables del secreto bancario pertenecen al Norte. Encabeza la lista Estados Unidos (Delaware), seguido por Luxemburgo, Suiza, Islas Caimán, Reino Unido (Londres), Irlanda, Bermuda, Singapur, Bélgica, Hong Kong, Jersey, Austria, Guernsey, Bahrein, Holanda y otras treinta y cinco jurisdicciones.
Otra sorpresa, esta vez extraída de la investigación de Gaggero,Kupelian y Zelada, es que los cuatro principales bancos del Reino Unido tienen el 23.3 por ciento de sus filiales constituidas en paraísos fiscales y desde ahí se acercan a hacer negocios con nuestros países. Asimismo, doce bancos importantes de Estados Unidos tienen más de mil filiales también constituidas en estos territorios opacos.
En suma, para acabar con los “paraísos” desde donde los ricos globales acumulan más y más en perjuicio de las grandes mayorías, se requiere fundamentalmente de la actuación de los grandes países desarrollados, que por el momento prefieren que su banca y sus trasnacionales hagan de las suyas.
El Grupo de los 20 Que lejano parecen los anuncios del Grupo de los 20 (G-20) -que reúne a los países más ricos, hoy altamente endeudados, y las economías emergentes, que amenazan con dar la hora tras la crisis globalsobre la urgencia de acabar con los paraísos fiscales. Las primeras reuniones del G-20 apenas instalada la primera etapa de la crisis, tanto en Washington (2008) como en Londres (2009), tenían como punto central en el discurso ponerle un “hasta aquí” a las faenas del poder financiero, para luego dejar todo en el olvido.
Como bien expresó Antonio Ortiz en el diario español El País, “hace ya algún tiempo, se reunió el G-20 y después el G-20 ampliado y decidieron meterle mano a los paraísos fiscales y llenar de luz el mundo de las finanzas mundiales. Suena ya a prehistoria y nadie se acuerda”. En su opinión, el truco estuvo en la declaración abierta, en el llamado a todo el mundo en general, pero a nadie en particular, para que se terminen los paraísos fiscales.
No se encargó a ningún país en concreto o instancia mundial que liderara este proceso. Así todo quedo en la retórica, y hoy en día ni en eso.
La próxima reunión del G-20 será a finales de año en París, pero ese punto ya no está en la agenda. Se pasó de la lucha frontal contra los paraísos fiscales a los planes de ajuste fiscal para que los trabajadores paguen por la crisis que originaron los hombres fuertes de las finanzas mundiales.
Excelente negocio.
Son los crímenes de cuello y corbata, aquellos que se hacen pasar como habilidades especiales para los negocios, los que siguen estando además de impunes, totalmente vigentes. Mientras tanto, nos queda una pregunta de rigor en tiempos en qué un espíritu de revuelta ronda el mundo: ¿hasta cuándo los trabajadores de Europa y Estados Unidos estarán dispuestos a cargar con el peso de la crisis?
Corren las apuestas.
Con el cuento de que el desarrollo se alcanza atrayendo la mayor cantidad de “inversiones”, muchos países empezaron una carrera -que ya dura más de dos décadaspara dar la mayor cantidad de ventajas tributarias a los grandes jugadores del poder comercial y financiero del mundo, a fin de atraerlos a sus territorios, desatando una competencia que permite decidir a estos “inversores” irse con el que les ofrece más beneficios.
Pero luego de tantos años ya nos debería quedar claro, especialmente en América Latina, que eso no sólo no basta para acabar con el desempleo y la pobreza, sino que ha contribuido en gran medida a generar desigualdad.
Es así que nuestra región ha llegado a ser la más desigual de la Tierra, como nos recordó el año pasado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al afirmar que diez de los quince países más desiguales del mundo se encuentran en nuestra América.
Es que con la lógica de la atracción de inversiones hemos tirado al tacho la función más importante de la política fiscal, que es generar equidad a partir de la redistribución de la riqueza. Por el contrario, hemos caído en una gran paradoja. Crecen sustancialmente las exportaciones, el Producto Interno Bruto (PIB) y las inversiones, pero no el empleo y los ingresos de la mayoría.
Ya lo dijo Michael Porter, experto en competitividad de la Universidad de Harvard, cuando visitó el Perú en el 2009: “Cuando un inversionista piensa en una nueva fábrica no piensa en el Perú”. Lo que en buena cuenta quiere decir es que hay cuestiones más importantes a la hora de generar puestos de trabajo productivos y con derechos, como el acceso a tecnología, la calificación laboral, un servicio de salud de calidad, financiamiento barato para los emprendimientos locales, infraestructura adecuada, paz social, lucha contra la corrupción, antes que caer en el simplismo de las exoneraciones tributarias.
Y precisamente el Perú es uno de los países que mejor gráfica las pautas oficiales para promover inversiones, lo que le ha valido el aplauso en la escena económica neoliberal.
Por ello es tan relevante su caso para demostrar que atraer inversiones usando la política fiscal no genera un crecimiento que beneficie a la mayor parte de la población.
Lo cierto es que toda esta armadura jurídica que permite “legalmente” no pagar los impuestos que debería y está en condiciones de pagar el gran capital, nos ha convertido en una especie de gran paraíso fiscal.
Sin embargo, no conformes con estas ventajas lícitas provenientes del condicionamiento ideológico, muchos inversionistas utilizan más mecanismos como el secreto bancario y territorios poco transparentes para evadir el pago de impuestos.
Fuga ilícita Se estima que anualmente hay una fuga ilícita de 716,000 millones de dólares de los países en desarrollo, de los cuales 123,000 millones corresponden a América Latina y el Caribe, relacionada con el uso del secreto financiero y otras opacidades que permite el sistema, según da cuenta una investigación realizada el año pasado por los economistas Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada (Fuga de capitales II, Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina).
Esta fuga ilícita de capitales, que no toma en cuenta la transferencia legal de recursos por parte de las trasnacionales a sus países de origen, se deriva, según esta investigación, de: corrupción gubernamental en un cinco por ciento, actividades criminales en un treinta y uno por ciento y flujos comerciales en un sesenta y cuatro por ciento.
En palabras de Rodrigo Ávila, investigador brasileño asociado a Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos ( Latindadd), la principal fuente de fuga ilícita de capitales de los países en desarrollo se produce por ilegalidades en el intercambio comercial, o sea mediante el uso de precios manipulados (llamados precios de transferencia) y transacciones fraudulentas entre empresas de un mismo grupo económico.
Secreto de familia
Sin duda, para que esta maniobra, que moviliza miles de millones, pueda funcionar a la perfección, se requiere de algún nivel de secreto financiero u oscuridad, que en la jerga tributaria se conoce como opacidad, por lo opaca que tiene que ser la operación a fin de no dejar mayor rastro. Y para eso se requieren de jurisdicciones que permitan jugar en pared.
La Red de Justicia Fiscal hizo en el 2009 una clasificación de los territorios que tienen el mayor índice de opacidad financiera y con ello facilitan a las trasnacionales burlar la fiscalización de cualquier Estado donde generen utilidades.
La sorpresa es que según este ranking, los principales territorios responsables del secreto bancario pertenecen al Norte. Encabeza la lista Estados Unidos (Delaware), seguido por Luxemburgo, Suiza, Islas Caimán, Reino Unido (Londres), Irlanda, Bermuda, Singapur, Bélgica, Hong Kong, Jersey, Austria, Guernsey, Bahrein, Holanda y otras treinta y cinco jurisdicciones.
Otra sorpresa, esta vez extraída de la investigación de Gaggero,Kupelian y Zelada, es que los cuatro principales bancos del Reino Unido tienen el 23.3 por ciento de sus filiales constituidas en paraísos fiscales y desde ahí se acercan a hacer negocios con nuestros países. Asimismo, doce bancos importantes de Estados Unidos tienen más de mil filiales también constituidas en estos territorios opacos.
En suma, para acabar con los “paraísos” desde donde los ricos globales acumulan más y más en perjuicio de las grandes mayorías, se requiere fundamentalmente de la actuación de los grandes países desarrollados, que por el momento prefieren que su banca y sus trasnacionales hagan de las suyas.
El Grupo de los 20 Que lejano parecen los anuncios del Grupo de los 20 (G-20) -que reúne a los países más ricos, hoy altamente endeudados, y las economías emergentes, que amenazan con dar la hora tras la crisis globalsobre la urgencia de acabar con los paraísos fiscales. Las primeras reuniones del G-20 apenas instalada la primera etapa de la crisis, tanto en Washington (2008) como en Londres (2009), tenían como punto central en el discurso ponerle un “hasta aquí” a las faenas del poder financiero, para luego dejar todo en el olvido.
Como bien expresó Antonio Ortiz en el diario español El País, “hace ya algún tiempo, se reunió el G-20 y después el G-20 ampliado y decidieron meterle mano a los paraísos fiscales y llenar de luz el mundo de las finanzas mundiales. Suena ya a prehistoria y nadie se acuerda”. En su opinión, el truco estuvo en la declaración abierta, en el llamado a todo el mundo en general, pero a nadie en particular, para que se terminen los paraísos fiscales.
No se encargó a ningún país en concreto o instancia mundial que liderara este proceso. Así todo quedo en la retórica, y hoy en día ni en eso.
La próxima reunión del G-20 será a finales de año en París, pero ese punto ya no está en la agenda. Se pasó de la lucha frontal contra los paraísos fiscales a los planes de ajuste fiscal para que los trabajadores paguen por la crisis que originaron los hombres fuertes de las finanzas mundiales.
Excelente negocio.
Son los crímenes de cuello y corbata, aquellos que se hacen pasar como habilidades especiales para los negocios, los que siguen estando además de impunes, totalmente vigentes. Mientras tanto, nos queda una pregunta de rigor en tiempos en qué un espíritu de revuelta ronda el mundo: ¿hasta cuándo los trabajadores de Europa y Estados Unidos estarán dispuestos a cargar con el peso de la crisis?
Corren las apuestas.
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