El precio de prevenir las crisis

Han pasado dos años desde que estallaron las crisis financieras y apenas empezamos a darnos cuenta del elevado costo que pueden llegar a representar. Andrew Haldane del Banco de Inglaterra estima que el valor actual de las pérdidas correspondientes en la producción futura bien podría alcanzar el 100% del PIB mundial.

Este cálculo puede parece asombrosamente alto, pero es relativamente conservador porque supone que sólo una cuarta parte de la crisis inicial dará como resultado una reducción permanente de la producción. De acuerdo con los verdaderos pesimistas, que piensan que la mayor parte de la crisis, sino es que el total, tendrá un efecto permanente en la producción, las pérdidas totales podrían ser dos o tres veces más elevadas.


Un año de PIB mundial asciende a 60 billones de dólares, lo que corresponde a cinco siglos de asistencia oficial para el desarrollo o, para ser más concretos, a 10,000 millones de aulas en aldeas africanas. Por supuesto, esto no representa un costo directo para los presupuestos públicos (el costo total de los paquetes de rescate bancario es mucho menor), pero estas pérdidas en la producción son el costo que más importa cuando se está pensando en cómo reducir la frecuencia de las crisis.

Asumamos que, sin medidas preventivas adecuadas, una crisis que cueste el equivalente a un año de PIB mundial se presenta cada 50 años (un supuesto inexacto pero no exagerado). Entonces sería lógico que los ciudadanos de todo el mundo pagaran una prima de seguro, siempre que su costo no rebase el 2% del PIB (100%/50).

Una manera simple de reducir la frecuencia de las crisis es hacer que los bancos dependan más del capital y menos de la deuda de modo que puedan soportar mayores pérdidas sin quebrar -una medida que actualmente se analiza a nivel global. Gracias a los informes recientemente publicados por el Comité de Estabilidad Financiera y el Comité de Basilea –uno de ellos sobre las implicaciones de largo plazo de exigir a los bancos un coeficiente capital-activos más elevado, y otro sobre los efectos transitorios de la introducción de estos requisitos -ahora sabemos más sobre el probable impacto de esa reglamentación.

En el primer informe se señala que, empezando por el reducido nivel actual de capitalización bancaria, el incremento de un punto porcentual en los coeficientes de capital reduciría permanentemente la frecuencia de las crisis en una tercera parte, mientras que las tasas de interés se incrementarían en aproximadamente 13 puntos de base (los bancos tendrían que aumentar sus cargos porque les cuesta más obtener capital que emitir deuda). En otras palabras, el precio de perder un año de ingresos cada 75 años en lugar de cada 50 conduciría a los bancos a incrementar las tasas de un crédito de 4% a 4,13%. Este aumento insignificante tendría como efecto máximo que algunos clientes bancarios buscaran fuentes alternativas de financiamiento, lo que probablemente no tendría un efecto perceptible en el PIB.

Es sorprendente saber que una reglamentación puede tener efectos tan positivos a tan bajo costo -mucho menor que en varias otras áreas en las que las políticas públicas imponen requisitos de seguridad económicamente costosos. Pensemos, por ejemplo, en los sectores del ambiente o la salud pública, en los que el principio de precaución guía la toma de decisiones.

Dejemos el largo plazo. El asunto que actualmente se debate acaloradamente es si la transición para imponer reservas obligatorias más elevadas supondría costos excesivos de corto plazo (ya que probablemente los bancos incrementarían los diferenciales y reducirían el volumen de los créditos). Sujetar a los bancos, algunos de los cuales aún están debilitados, a la nueva reglamentación podría inducirlos a restringir el crédito aún más, lo que desaceleraría más el ritmo de la recuperación económica. Se necesita analizar inteligentemente cuál es el momento adecuado para imponer las restricciones reglamentarias y la rapidez con la que deben aplicarse.

En el segundo informe se señala que un incremento de un punto porcentual en los coeficientes de capital de los bancos, si se introduce gradualmente a lo largo de cuatro años, disminuiría el PIB en aproximadamente 0,2%. Puesto que a menudo se habla de aumentos de tres puntos porcentuales, el efecto total podría ser de 0,6%.

Sin embargo, abundan las dudas. Un dato inesperado del informe señala que aumentar la meta de coeficientes de capital tendría un efecto significativamente más adverso en los Estados Unidos que en la eurozona, a pesar de que ésta recurre más al financiamiento bancario. Además, en el informe se asume que la política monetaria puede compensar en parte la sacudida, lo que podría no ser cierto cuando las tasas de interés cercanas a cero ya son predominantes -o en la eurozona donde los esfuerzos pueden variar de un país a otro mientras que la política monetaria es uniforme. Así pues, el impacto de la nueva reglamentación en países donde los bancos están significativamente subcapitalizados bien podría ser cuatro o cinco veces mayor que la cifra principal –es decir, cerca de un punto porcentual en un periodo de cuatro años.

Esto puede seguir pareciendo poco, pero no es en absoluto una cantidad insignificante dadas las perspectivas de crecimiento a corto plazo en el mundo desarrollado. En un momento en el que el crecimiento es demasiado lento para reducir el desempleo masivo, cada punto decimal cuenta.

Reducir el crecimiento en esta magnitud cuando el sector privado no ha terminado su ciclo de desapalancamiento –y cuando los gobiernos están iniciando los suyos– significa correr el riesgo de un período prolongado de estancamiento, que podría convertir el desempleo inducido por la crisis en desempleo estructural. Además, es probable que a lo largo de un período prolongado, las normas de crédito más estrictas afecten en forma desproporcionada a las empresas con poco efectivo y rápido crecimiento, lo que tendría consecuencias en la innovación, la productividad y, finalmente, en el potencial de crecimiento.

Nada de lo anterior significa que haya que darle a los bancos un respiro en lo que se refiere a la reglamentación y olvidarse de la necesidad de recapitalizar. Pero sí indica, en primer lugar, que los plazos son importantes. Los encargados del diseño de políticas deben cuidarse de imponer un choque reglamentario al mismo tiempo que un choque fiscal. Por este motivo, una estrategia sensata es aprobar ahora normas reglamentarias con plazos lejanos.

En segundo lugar, la existencia y la magnitud de los costos de transición significan que no todo lo que reduce la probabilidad de las crisis financieras es recomendable. Para los políticos que están obsesionados con las dificultades actuales, el que la próxima crisis suceda en 50 o 75 años puede parecer de importancia secundaria. Como resultado, las reformas en materia de reglamentación deben diseñarse de modo que el costo a corto plazo se minimice.

Los coeficientes de capital y de liquidez más elevados son sólo una de varias opciones para hacer que el sistema financiero sea más seguro. Puede ser interesante considerar otras medidas –por ejemplo los seguros de capital o la reforma de los límites en la industria financiera al estilo de Paul Volcker.

No hay duda de que vale la pena pagar el precio a largo plazo para asegurarse contra las crisis; pero ello no significa que la reforma no deba ser lo más rentable que se pueda.

AUTOR : Jean Pisani-Ferry es director de Bruegel, un grupo de expertos europeo.
FUENTE : PROJECT SYNDICATE