De la Gran Recesión a la Gran Desafección

  


Por Joaquín Estefanía
EL PAIS 


Antes de morir, a principios de los años sesenta, uno de los principales líderes socialistas españoles, Indalecio Prieto, escribió: “No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar ante él una ­política económica coherente fue una de las causas del fracaso de la II República” (Convulsiones de España). Ocho décadas después de aquella experiencia, nuestro país está sufriendo una triple crisis (económica, política, ­europea), que le podría convertir en un contraejemplo más para otras sociedades cercanas y pasar, en uno de esos vaivenes a los que la historia nos tiene tan acostumbrados, de un extremo al otro: del “milagro español” al fracaso español. Algunos medios de comunicación internacionales de referencia ya han hablado de ello con amplitud durante los últimos meses.
La fase dominante de la crisis es la económica, como corresponde a estos tiempos. Y se manifiesta sobre todo en el factor diferencial de nuestro país respecto a los de nuestro entorno, aquello que más nos separa de ellos: la tasa de paro, que afecta a uno de cada cuatro ciudadanos que quieren trabajar. No los problemas intermedios, el déficit, la deuda, que son más o menos comunes, sino el desempleo.

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Una tasa de paro insoportable (TPI), como la definiera Joaquín Almunia cuando todavía no era un alto funcionario de la Unión Europea, sino un economista que trabajaba en el PSOE. Según los pronósticos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), durante 2013 ese porcentaje podría llegar al 27% de la población activa, más de seis millones de personas. Es oportuno recordar que en el peor momento de la Gran Depresión, en 1933, EE UU no pasó de un 25% de paro.
 Las cifras de desempleo son aún más alarmantes si se desagregan: más del 50% de los menores de 25 años están parados, lo que pone en cuestión el futuro; en casi un millón y medio de hogares no entra ni el sueldo del hombre ni el de la mujer (en un modelo en el que, al revés que el nórdico, la familia juega el papel de último colchón contra la exclusión y la pobreza extrema); y todos los meses, decenas de miles de personas abandonan el sistema de protección del seguro de desempleo porque se convierten en parados de una duración superior a los dos años de inactividad y ya no tienen derecho al mismo. No hay más que observar las calles y plazas de nuestras ciudades para reconocer a la cantidad de hombres todavía en edad de trabajar (no ya solo mujeres o jóvenes, segundos o terceros sustentadores de la familia) que deambulan por las mismas sin tener un puesto de trabajo al que ir todos los días.

En la anterior crisis económica en nuestro país, la de los noventa, se llegó a tener un paro del 24,5% de la población activa (bastante más reducida en términos absolutos que la actual) en 1994 y se tardaron 13 años (hasta el segundo trimestre de 2007) en domeñarlo y rebajarlo hasta el 7,95%, el porcentaje más reducido en la democracia hasta hoy. La economía española es ahora más flexible y está más globalizada que entonces, pero es legítimo preguntarse cuánto tiempo necesitará para volver al menos a los porcentajes de paro de antes de la Gran Recesión, no digamos al pleno empleo. Si se produjera, como muchos analistas temen, una recuperación sin empleo (tasas de crecimiento de la economía con tasas más reducidas de creación de puestos de trabajo), se daría esa década perdida que hasta hace poco parecía una pesadilla con pocas probabilidades de hacerse presente.
La segunda cara de la crisis española, que ha dado señales de multiplicarse durante el año que ahora termina, es la política e institucional. La percepción ciudadana, que se manifiesta en todos los sondeos de opinión, se podría resumir del siguiente modo: 1. La economía no está funcionando porque no responde a los problemas cotidianos de la gente. 2. El sistema político no está corrigiendo lo anterior, y el principal fallo del mercado es el gigantesco volumen de desempleo. La ciudadanía ha confiado durante mucho tiempo en ese sistema, tenía confianza en que se iban a pedir responsabilidades a quienes habían provocado la crisis, a corregir rápidamente los abusos y a proteger a los más desfavorecidos, y no está siendo así. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ha multiplicado la desconfianza en el funcionamiento de la economía de mercado y en los mecanismos tradicionales de la democracia, y ambos términos, economía de mercado y democracia, no parecen favorecer los esfuerzos equitativos.
 Estos elementos son comunes al menos a las principales sociedades occidentales, pero han aumentado en un grado alarmante en España en los últimos meses, como muestran las series demoscópicas del Centro de Investigaciones Sociológicas (¿cuáles son los principales problemas de los ciudadanos españoles?: el paro, la situación económica y los políticos). El Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que ha estudiado estos problemas (El precio de la desigualdad), los explica por una conjunción de factores, además del desempleo: porque la gente considera de modo creciente que no es solo la economía la que está intervenida, sino la propia democracia; por la brutal expansión de la desigualdad (de rentas y de patrimonios, de oportunidades y de resultados) en el seno de las sociedades, lo que significaría que los sacrificios de la crisis están mal repartidos; y por la ineficacia de las políticas adoptadas para corregir los problemas económicos más significativos, fundamentalmente el empobrecimiento de las clases medias y bajas. Estas políticas, que en el mejor de los casos podrían estar legitimadas por sus resultados, toman únicamente en cuenta factores instrumentales intermedios (el déficit, la deuda, las privatizaciones, la desregulación…), que por su naturaleza es imposible que movilicen el ánimo de la gente, y se olvidan de los objetivos finalistas de la economía (“la buena vida”, los denominaba Keynes), como el empleo, el bienestar, la protección… Se creía que esta lección se había aprendido, con sangre, después de las dos guerras mundiales.
 
La tercera crisis española, que está deviniendo en permanente, es de contexto, de entorno: el que proporciona el club al que pertenece nuestro país, la Unión ­Europea. Tras más de un lustro de dificultades económicas, la eurozona entró en el pasado mes de noviembre en recesión técnica (dos trimestres seguidos contrayéndose), la segunda tras la experimentada en 2009, el año en que todo parecía posible dado que se conjuntaron, en toda su intensidad, la crisis financiera y la de la economía real.
La UE adolece, más que otras zonas, de esa falta de respuestas adecuadas a los problemas, dado que está practicando con contumacia una política económica de austeridad conjunta que va contra el consenso expresado por la mayor parte de los analistas y que ha merecido, cada vez más, el apelativo de “austericidio”. Paralelamente, sus procedimientos de actuación son exasperadamente lentos como muestra, mejor que cualquier otro ejemplo, el caso de Grecia, que fue intervenida en la primera parte de 2010 sin que hasta el momento se haya visto avance alguno –todo lo contrario– en las condiciones de vida de sus ciudadanos. Grecia, cuyo PIB no supera el 2% del conjunto de la UE, ha tenido una brutal capacidad de contagio sobre el conjunto de la economía europea. Por esa conjunción de una política de austeridad unánime (liderada por Alemania, que no permite disidencia alguna en la zona), semiparálisis en el proyecto estratégico de la UE (complementar la unión monetaria con una unión económica en todos los sentidos, y luego con una unión política) y una gestión fallida cuyo método de tomar decisiones ha consistido en responder a cada problema urgente que se planteaba con decisiones a futuro, en vez de solucionar la sangría inmediata, Europa es, a finales de 2012, la parte del mundo más alejada de una recuperación económica y de la posibilidad de retomar sus tasas de crecimiento potencial, lo único que la conduciría a una coyuntura de creación de puestos de trabajo.
 Desde que la Gran Recesión adquirió carta de naturaleza en el verano de 2007 y, sobre todo, un año después de la quiebra de Lehman Brothers, parecía haberse dado una especie de consenso entre las élites del mundo alrededor de dos ideas: que la recesión no se convirtiese en una depresión, más larga y profunda que la primera; y que la crisis económica no deviniese en una crisis social y política, como ocurrió en otros momentos recientes de la historia, como por ejemplo en las dos décadas que van desde los años 1919 hasta 1939, que el historiador E. H. Carr ha denominado “la crisis de los veinte años”, caracterizados en Europa por una acumulación de estancamiento económico, desencanto social, a continuación irritación social y finalmente conflictos políticos. Otro año más desde el inicio de la crisis, no es seguro que ello se haya conseguido. Se ha extendido entre la ciudadanía una especie de desengaño, de pesimismo creciente y la idea de que, por muchos esfuerzos que se hagan para restaurar la normalidad de antes de los problemas, no se conseguirá al menos a corto y medio plazo.
 Hay un profundo sentimiento de fin de siècle o de cambio de era, motivado por la triple crisis mencionada. Los intelectuales lo están expresando de diferentes modos y en distintos grados, pero casi todos ellos hablan de una sensación de pérdida: de la inocencia, de los valores sociales, de la confianza y de la calidad de la democracia. La profundización de las dificultades subraya el sentimiento de que se ha dado el salto de una época de certezas a otra de inestabilidad e inseguridad. La creciente autonomía de la res económica reduce el campo de la seguridad colectiva que representa la democracia y prevalecen la incertidumbre y la angustia. Si no existe la capacidad de intervención efectiva por parte de una autoridad política libremente elegida, no hay democracia. Otro Nobel de Economía, el indio Amartya Sen, ha defendido que la democracia, más allá de la representación política y del respeto a la regla de la mayoría, implica la protección de los derechos y libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y el derecho a acceder a la información, así como de participar activamente en la deliberación colectiva. Todo ello es lo que se está debilitando notoriamente en los últimos tiempos.


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