En Finanzas desconfiamos

En todo el mundo, el debate sobre la regulación financiera está madurando. Hay en juego una serie de argumentos y propuestas que muchas veces compiten entre sí –y que, por ende, concitan la confusión pública y política.

Una estrategia para la re-regulación financiera –respaldada por argumentos de diverso grado de persuasión- consiste en limitar el tamaño y el alcance de las instituciones financieras. Algunos sostienen que las entidades más pequeñas pueden quebrar sin perjudicar el sistema, ahorrándoles así a los contribuyentes el costo de un rescate. Pero si surge un riesgo sistémico de alguna manera que aún no se llega a entender plenamente, los bancos más pequeños pueden quebrar o caer en una situación de emergencia simultáneamente, afectando la economía real.

Un segundo argumento que se debate acaloradamente sostiene que limitar el tamaño y el alcance de los bancos tiene costos relativamente bajos en términos de rendimiento. Este punto se utiliza para favorecer un tercer argumento: las instituciones grandes tienen una influencia política indebida y, por lo tanto, “capturan” a sus reguladores. Dicho sin rodeos, las instituciones financieras grandes y rentables encontrarán la manera de conseguir el sistema regulatorio que quieran –un sistema que sea compatible con una superestructura de operaciones altamente rentable que va más allá de los requisitos de cobertura y busca maximizar las ganancias a corto plazo.

Una segunda estrategia, sobre la cual existe, en principio, un acuerdo sustancial, consiste en limitar el apalancamiento. El principal argumento es que el alto apalancamiento contribuye poderosamente al riesgo sistémico –una condición en la que los precios de los activos se mueven de una manera sumamente correlacionada y la situación de emergencia, cuando se produce, se propaga rápidamente-. El apalancamiento también es causado en parte por percepciones erróneas del riesgo y un mal cálculo de la liquidez. Es deseable limitar el apalancamiento, pero no al punto de aumentar el costo del capital y la inversión.

Es más, son pocos los que no coincidirían en que, a medida que aumenta la complejidad del sistema, las brechas y asimetrías en términos de información, conocimiento y pericia se multiplican. Esas asimetrías afectan el desempeño del mercado de diferentes maneras, y los conflictos de interés son particularmente peligrosos en un contexto de esa naturaleza porque crean un incentivo para sacar provecho precisamente de esas ventajas.

Los rigurosos requerimientos de divulgación que incluyen conflictos de interés son una manera de limitar el potencial daño. O los conflictos se pueden limitar regulando el alcance de las instituciones financieras. Por ejemplo, la gestión, distribución, colocación y securitización de activos y las operaciones por cuenta propia se separarían de diversas maneras. Este esquema tiene la ventaja adicional de impedir que los diferentes perfiles de riesgo y sus requerimientos de capital apropiados se mezclen en la misma entidad y balance.

Existen otras dos maneras de lidiar con la complejidad y las asimetrías. Una, ampliamente adoptada en los países en desarrollo, consiste simplemente en imponer restricciones a los productos (por ejemplo, derivados y fondos de cobertura) con el argumento de que la ventaja en términos de evitar riesgos compensa ampliamente los costos –menos acceso al capital y menor propagación del riesgo-. La otra manera consiste en intentar reducir las brechas de información o su impacto mediante la regulación de la pericia y los incentivos que rodean el proceso de calificación (cuyo fracaso tuvo serias consecuencias en la crisis actual).

En un nivel un poco más profundo, existen dos corrientes encontradas que recorren el debate público que gira alrededor de la crisis. Una es la posición de la “tormenta perfecta”: hubo muchos fracasos, malas percepciones, asimetrías de información y complejidades, así como una buena dosis de comportamiento repugnante, pero nunca se les ocurrió a los participantes del mercado, reguladores o académicos que el efecto añadido sería prácticamente un colapso del sistema. Los críticos de ese argumento sostienen que los actores sofisticados entendían los riesgos sistémicos, que no les importó y que cínicamente jugaron el juego que ellos mismos contribuyeron a crear –en algunos casos con un enorme rédito.

Ahora parece aceptado universalmente (muchas veces de manera implícita) que el gobierno debería establecer la estructura y las reglas del sistema financiero, y que los participantes luego tienen que persiguen su interés propio dentro de ese marco. Si el marco es correcto, el sistema tendrá un buen desempeño. Las reglas soportan la carga de asegurar el interés social colectivo en la estabilidad, eficiencia y justicia del sistema.

Pero en un sistema complejo en el que la pericia, la perspicacia y la información en tiempo real no se concentran en un solo lugar, y por cierto no en los círculos gubernamentales y regulatorios, la confianza en un marco de ese tipo parece deficiente y poco inteligente. Es más, ignora la importancia de la confianza. Un mejor punto de partida, en mi opinión, es la noción de responsabilidad compartida por la estabilidad del sistema y sus beneficios sociales –compartida, es decir, por los participantes y los reguladores.

Es sorprendente que ningún ejecutivo sénior del que yo tenga conciencia haya expresado con algún grado de detalle cómo podía emplearse la pericia de su institución en la búsqueda del objetivo colectivo de la estabilidad. La sospecha detrás de gran parte del descontento público actual es que estas instituciones, habiendo influido en la formulación de las reglas legales y éticas, podrían hacer algo más en función de la estabilidad que sólo obedecerlas.

La industria de las finanzas, los reguladores y los líderes políticos necesitan crear una sensación compartida de responsabilidad colectiva por el sistema en su totalidad y su impacto en el resto de la economía. Este conjunto de valores debería estar profundamente embebido en la industria –y así debería trascender cualquier disputa por la regulación-. Debería tener prioridad sobre el interés personal limitado o las potenciales oportunidades de ganancia asociadas con la explotación de una ventaja en materia de información. Y se lo debe considerar un aditamento de las normas, reglas y ética de referencia asociadas con los tiempos “normales”.

Algunos dirán que esta idea no va a funcionar porque va en contra de la codiciosa naturaleza humana. Sin embargo, estos valores forjan otras profesiones. En la medicina, existe una brecha gigante e insondable en cuanto a pericia e información entre médicos y pacientes. El potencial de abuso es enorme, pero está limitado por los valores profesionales que se inculcan durante toda la formación de los médicos y que están reafirmados por una forma silenciosa de control entre pares.

Por sí solo, un cambio de estas características en los valores y el modelo implícito que define los roles no resolverá, con certeza, el desafío del riesgo sistémico. Tampoco lo hará restarle importancia a las reglas. Pero si se lo toma en serio, podría contribuir a ofrecer un recordatorio permanente de la importancia del sector financiero para el bienestar más extendido de la economía. Podría servir incluso para comenzar a reconstruir la confianza.

AUTOR : Michael Spence , premio Nobel de Economía y profesor emérito de la Universidad de Stanford , preside la Comisión de Crecimiento y Desarrollo.

FUENTE : PROJECT SYNDICATE