Wall Street contra los empleados de los gobiernos locales

 Por Michael Hudson


El ritmo de la guerra de Wall Street contra el 99% se acelera, preparándose para entrar a matar. Tras haber demonizado a los empleados públicos por tener programado recibir una pensión por los servicios prestados durante toda una vida de trabajo, los tenedores de bonos insisten en quedarse, por el contrario, con el dinero. Es la misma filosofía de austeridad a la que se ha obligado a Grecia y España, y la misma que está induciendo al presidente Obama y a Mitt Romney a apremiar a la reducción de la Seguridad Social y Medicare.
A diferencia del gobierno federal, la mayoría de los estados y ciudades disponen de constituciones que les impiden mantener un déficit presupuestario. Esto significa que, cuando recortan los impuestos sobre la propiedad, tienen o bien que pedir prestado a los pudientes o recortar el empleo y los servicios públicos.
Durante muchos años pidieron prestado pagando intereses libres de impuestos a los opulentos tenedores de bonos. Pero soportar su precio ha llegado a un punto en que parece arriesgado a medida que la economía se hunde en la deflación de la deuda. De California a Alabama encontramos ciudades en suspensión de pagos. No pueden invertir la tendencia y recuperar los impuestos sin ocasionar más suspensiones de pagos y abandonos por hipotecas. Alguien tiene que dar, de modo que las ciudades achican el gasto público, reducen los sistemas escolares y los contingentes policiales y ponen a la venta sus activos para pagar a los tenedores de bonos. [Algo, que por ejemplo, se ha visto recientemente en los condados de Nassau y Suffolk, en Long Island.]

Esto se ha convertido en la causa principal del creciente desempleo, contribuyendo a impulsar a la baja la demanda del consumo en una pesadilla keynesiana. Menos evidentes resultan los demoledores recortes que se producen en la atención sanitaria, la formación laboral y otros servicios, mientras se dispara el importe de las matrículas en las universidades públicas y las “tasas de participación” en los institutos de secundaria. Los sistemas escolares se desmoronan como nuestras carreteras conforme se deshacen de profesores en una escala como no se había visto desde la Gran Depresión.
“Cura” neoliberal
Sin embargo, los estrategas de Wall Street consideran estas apreturas de los presupuestos locales y de los estados como una bendición del cielo. Tal como dio en expresarlo Rahm Emanuel, una crisis es una oportunidad demasiado buena para echarla a perder, y la crisis otorga a los acreedores apalancamiento financiero para impulsar medidas políticas contra el trabajo y oportunidades de privatización. Se prepara el terreno para una “cura” neoliberal: recortes de pensiones y de la atención sanitaria, incumplimiento de las promesas sobre pensiones hechas al mundo del trabajo y puesta a la venta del sector público, dejando que los nuevos propietarios levanten cabinas de peaje por todas partes, de carreteras a escuelas. El término novedoso del momento es “extracción de renta”.
De modo que tras haber provocado la crisis fiscal, el legado de decenios de recortes fiscales a la propiedad financiados a base de una deuda cada vez más ingente se va a pagar ahora arrendando o vendiendo activos públicos. Chicago ha arrendado su Skyway [vía elevada de tránsito de más de 12 km. de largo que atraviesa un puente] durante 99 años a quienes cobrarán el peaje, y sus parquímetros durante 75 años. El alcalde Emanuel ha contratado a la Gestión de Activos de J.P.Morgan para que imparta “consejos” sobre cómo vender a los privatizadores el derecho a cobrar tasas por utilizar servicios públicos que eran anteriormente gratuitos o estaban subvencionados. Es el moderno equivalente norteamericano del movimiento de cercamiento (“enclosure”) en Inglaterra entre los siglos XVI al XVIII.
Empleados=Enemigos
Al presentar a los empleados locales como enemigo público número uno, la crisis urbana está contribuyendo a traer de vuelta la guerra de clases. El sector financiero sostiene que pagar las pensiones (o incluso el sueldo base) absorbe ingresos fiscales que se emplearían, si no, en pagar a los tenedores de bonos. Scranton, en el estado de Pennsylvania, ha reducido los salarios del sector público al mínimo legal “temporalmente”, mientras otras ciudades tratan de desbaratar los planes de pensiones y los contratos de sueldos diferidos…y se van al casino de  Wall Street y juegan a perder en un intento desesperado de cubrir las responsabilidades de las pensiones sin financiación. Estas se han cifrado recientemente en un total de 3 billones, más otro billón en prestaciones de atención sanitaria sin financiación.
Aunque fue Wall Street quien urdió la economía de la burbuja cuya explosión ha disparado la crisis fiscal, a sus cabilderos y sus teorías de Quincalla Económica no se les exige que rindan cuentas. En lugar de culpar a quienes recortaban impuestos proporcionando beneficios imprevistos a los banqueros y a los magnates de bienes inmuebles, es a los profesores y a otros empleados públicos a quienes se les dice que devuelvan sus salarios diferidos, que es lo que son las pensiones. No se reservan reclamaciones para los depredadores financieros.
Por contra, ha llegado la hora del desahucio para proporcionar un surtido de oportunidades de sacar algo, conforme las ciudades se ven obligadas a operar como hizo  Nueva York para evitar la bancarrota en 1974: traspasar la gestión a las personas designadas por Wall Street. Al igual que en Grecia e Italia, los políticos electos han de ser substituidos por “tecnócratas” nombrados para llevar a cabo lo que Margaret Thatcher y Tony Blair hicieron en Inglaterra: poner a la venta los restos del sector público y convertir todos los programas sociales en fuente de ganancias.
El plan consiste en lograr una triple meta. En primer lugar, otorgar a los privatizadores el derecho a convertir la infraestructura pública en oportunidades de imponer peaje. La idea consiste en obligar a las ciudades a equilibrar su presupuesto arrendando o vendiendo sus carreteras y sistemas de autobuses, escuelas y cárceles, bienes inmuebles y otros monopolios naturales. Mediante este proceso se promete crear un nuevo mercado para los bancos: prestar a los inversores carroñeros para que compren el derecho a instalar peajes en la infraestructura básica de la economía.
Los funcionarios públicos electos no podrían implicarse en medidas políticas tan depredadoras y contrarias al mundo del trabajo. Sólo la “magia del mercado” puede deshacer los sindicatos del sector público, reducir los servicios públicos y poner peajes en las carreteras, los sistemas de agua y alcantarillado, mientras se recortan líneas de autobuses y se elevan las tarifas.
Desmantelando la educación y la policía para pagar a los dueños de bonos
La política de impuestos locales solía guardar relación con la educación. Los Estados Unidos se dividían en rejillas fiscales con el fin de financiar distritos escolares, junto a carreteras, líneas de autobuses, sistemas de agua y de alcantarillado. Los ayuntamientos con las mejores escuelas gravaban más la propiedad, pero esto hacía más deseable vivir en esos distritos, y de ese modo elevaban los precios inmobiliarios en lugar de hacer que bajaran. Con ello se realimentaban las mejoras urbanas. Los distritos de impuestos reducidos se quedaban atrás.
Ya no es ésta la vía norteamericana. Se ha demonizado la educación especialmente. El otrora gran sistema escolar de California es la víctima más visible de la Proposición 13 del estado, la congelación del impuesto sobre la propiedad en vigor desde 1978. La Asociación de Propietarios de Apartamentos de Los Ángeles utilizó a su testaferro,   Howard Jarvis, como cabildero a fin de prometer a los votantes que poco cambiaría recortando la educación y las bibliotecas. Argumentó que “el 63 % de los graduados es analfabeto, en cualquier caso”, así que quién necesita libros. Se congeló la educación y otras partidas del gasto público mientras los impuestos sobre la propiedad se recortaban en un 57%, del  2.5 o el 3% a un 1% de su valoración estimada, y se congelaron a los niveles de precios de 1978 para los propietarios que han mantenido sus bienes. El resultado es que el sistema escolar de California se derrumbado, pasando al puesto número 47 de todo el país.
Para los neoliberales, lo positivo es que degradar la educación hace a los ciudadanos más susceptibles a la falsa conciencia del Tea Party cuando se trata de cómo votar de acuerdo con sus intereses económicos. Cuando se aprobó la Proposición 13, por ejemplo, los inversores comerciales prometieron a los propietarios de viviendas que los recortes de impuestos en todos los órdenes harían más accesible la vivienda y bajarían los alquileres. Pero subieron, igual que los precios inmobiliarios. Esta es la Gran Mentira de los recortadores neoliberales de impuestos: la promesa de que recortar impuestos rebajará los costes en lugar de proporcionar una ganancia inesperada a quienes poseen propiedades…y también a los bancos a medida que la subida del valor de los alquileres queda “libre” de capitalizarse en préstamos para hipotecas. Los nuevos compradores tienen que pagar más, con lo que se eleva el coste de la vida y se hace negocio.