El choque chipriota

Por Michel Husson

El plan urdido por el Eurogrupo para Chipre es una demostración de la violencia de las políticas europeas y de la capacidad de los dirigentes europeos para agravar la crisis que se supone deben gestionar. No han dudado en poner en entredicho su respeto de la propiedad privada –concretamente su compromiso de garantizar los depósitos bancarios inferiores a 100.000 euros– en nombre de un principio superior: hacer pagar a los ciudadanos los platos rotos de la crisis. En el caso de Chipre se hallaban ante un país pequeño (con el 0,2 % del PIB europeo), pero que necesitaba, para recapitalizar sus bancos, una “ayuda” de 15.800 millones de euros, casi el equivalente a su PIB anual.

Esto se explica por el enorme volumen de los activos bancarios de Chipre: 150.000 millones de euros, o sea, casi nueve veces el PIB del país. Este dato ilustra su función de puerto de escala para las inversiones rusas “circulantes”, que no recalan en Chipre más que para ser reinvertidas en Rusia; así, más del 50 % de las inversiones en el sector inmobiliario ruso provienen de Chipre, que es el segundo inversor extranjero en Rusia.

El plan inicial preveía una ayuda de 10.000 millones de euros, condicionada a la recaudación de 5.800 millones con cargo a los depósitos bancarios con arreglo al siguiente reparto: 2.000 millones con cargo a los depósitos de menos de 100.000 euros y 3.800 millones a los que superan esa cifra. Sus efectos habrían sido catastróficos, con una enorme merma del poder adquisitivo, pero el mero anuncio de la medida bastó para provocar un pánico bancario y un pulso entre Rusia y la Unión Europea. La presión popular condujo felizmente al rechazo del plan, pero el mal ya está hecho y las consecuencias son difíciles de prever: no cabe descartar una repercusión sobre la situación griega, e incluso española, pues a partir de ahora la expropiación parcial de los depósitos bancarios entra dentro del ámbito de lo posible.

La verdadera cuestión consiste en saber qué habría que haber hecho. La idea de hacer pagar a los oligarcas rusos es paradójicamente subversiva, pues las instituciones europeas legitiman un proyecto consistente en hacer pagar la factura de la crisis a quienes se han beneficiado del capitalismo financiero y no al pueblo, que no es para nada responsable de la crisis. Se podría recaudar la misma suma imponiendo una tasa del 15 % (y no del 9,9 %) sobre los depósitos de más de 100.000 euros. Esto implicaba a la larga el abandono de la condición de “paraíso fiscal” de Chipre, pero el país podría pasar a explotar otros recursos, en particular las reservas de petróleo y gas descubiertas recientemente y sanear en parte su situación financiera.

Los dirigentes europeos daban muestras últimamente de un optimismo obsceno al afirmar que la crisis de las deudas estaba ahora bajo control, olvidando el precio que hay que pagar para “tranquilizar” a los mercados financieros, a saber, el saqueo de países enteros, en particular de Grecia. El choque chipriota demuestra, sin embargo, que nada está hecho y que la troika está dispuesta a llevar al absurdo la violencia de sus políticas. La lección que podemos sacar es doble: que únicamente las resistencias sociales pueden responder a esta violencia y que no han desaparecido las ocasiones para movilizarse. Pero necesitan apoyarse en una alternativa radical que pasa por la anulación de las deudas ilegítimas, la fiscalidad de las rentas del capital (que solo tributan al 10 % en Chipre, por cierto), la socialización de la banca y, a escala europea, una lógica de solidaridad. Chipre podría dar un ejemplo, no con una salida del euro que no arreglaría nada, sino más bien con medidas de ruptura en este sentido, que llegaran hasta emisión directa de moneda por su banco central.